Maradona, masculinidad hegemónica y cultura pop.

  Difícil no verse impactado por la resonancia social de la muerte de Maradona: redes sociales, infinitos artículos y, además, si la vista consigue llegar al otro lado del atlántico, la emoción, la catarsis colectivizada de tanta gente. Imposible de ningunear y, aún menos, si se valora el sentir a flor de piel como una forma óptima de transitar. Un abrazo sincero desde aquí al Pueblo argentino. Y todo se vuelve aún más potente cuando tomamos conciencia de que el motivo de tan rica expresión es el homenaje a una persona, a un genio del fútbol, que frecuentemente se relacionaba con el mundo, y con las personas de su alrededor, en base a conductas delictivas, a maltratos y abusos, como describe Begoña Gómez en su artículo del suplemento de ¿Moda? del País. Todo esto ha pasado un 25 de noviembre , fecha significativa que ya tenía un luto reservado, el recuerdo doloroso de todas las mujeres asesinadas por hombres, 1074 desde 2003 y 41 en lo que va de año, y fecha en la que se concreta un tr

Verano, racismo, coronavirus y la mayoría de edad en el sistema de protección a la infancia.


Error "gráfico" de antena 3 en sus informativos del 10.07.20 

Calor y rebrote del racismo.

Mañanita de sábado de julio, calor.

Un calor que parece estar ayudando a derretir la impostura políticamente correcta de nuestra sociedad bienpensante, de manera que su estructura racista, xenófoba e ilustrada (derechos formales frente a sufrimiento real de la gente) emerge con claridad y se nos presenta evidente.

Parece casi imposible mirar a otro lado y dejar pasar la conmoción.

Estos días, aparece la noticia en el diario El mundo de que 6 de cada 10 menores tutelados pasan penuria una vez cumplida la mayoría de edad, habla de Andalucía, pero es extensible a otras zonas de estado.

Por otro lado, en el bombardeo de noticias sobre los rebrotes del coronavirus, se obvia la dimensión racializada del mismo, específicamente el brote de Lleida, con su re-confinamiento, apenas se habla de las condiciones infrahumanas en las que viven los y las temporeras de la fruta, y que hacen que, recomendar aislamiento y distancia social en viviendas hacinadas y en medio de la explotación laboral, sea una broma de mal gusto.

Una situación muy diferente a vivir el confinamiento entre zumos fresquitos de fruta y series de Netflix.

Por no hablar de las medidas de control epidemiológicas para las personas que cruzan nuestras fronteras. Si son turistas europeos, tranquilamente, ni siquiera tomar la temperatura, se da por bueno que vienen a levantar la economía y reciben la mejor de nuestras caras, por otro lado si son personas migrantes que cruzan el estrecho jugándose la vida, esas que sí que  vienen a levantar la economía en jornadas interminables de sol a sol en los invernaderos de Almería o en los campos de Lleida, a ellos y ellas, les hacemos las pruebas necesarias para asegurarnos, que esclavitud sí, pero saludable.

Y ya la gota de racismo puro y destilado que desborda el vaso, la foto que ilustra el post de un informativo de Antena 3, en el que se hace una diferenciación muy clarividente entre personas e inmigrantes, coherente con la sociedad dual en la que vivimos.

Así, sin más, en un momento donde el o la supervisora de la corrección política, igual estaba de vacaciones o igual tenía que hacer el agosto con un contenido viral, se plasma con nitidez el discurso que transmiten las derechas políticas, y que hacen bueno, en muchos casos, las izquierdas socialdemócratas con políticas de discriminación racial y de vulneración de los mismos derechos que utilizan como bandera de diferenciación e identidad política.

Como bien señalan muchas asociaciones y colectivos, el racismo no es una disfunción en los servicios públicos, ni una expresión particular de energúmenos que se creen superiores en su miseria humana frente a los que les ponen la mesa, es una dinámica absolutamente estructural, vertebradora del orden social y de la convivencia de la que tanto nos enorgullecemos.

Cada cual desde su perspectiva, con honestidad, podría analizar la situación que vive y observaría múltiples manifestaciones de lo anterior, no se necesitan guías para ello.

Una mínima empatía con la gente que nos rodea debiera valer para desenmascarar la hipocresía social, y un simple compromiso con lo humano se tornaría en una propuesta de potencialidad política si no nos dejamos engatusar con la propaganda de un estado de derechos formales que deja fuera a mucha más gente de la que reconoce.


¡Feliz cumpleaños!

Infinitas situaciones, y yo quiero llamar la atención específicamente sobre la que describen las y los chavales migrantes que cumplen la mayoría de edad en la red de protección.

Me parece paradigmática de todo lo que estamos hablando y además me siento legitimado a hablar de ello porque por razones laborales, la conozco y me dedico, entre otras cosas, a minimizar las consecuencias que tiene para ellos y ellas el marco atroz que les hemos fabricado. Y que vamos consolidando y perpetuando en un parche social inefectivo, pero revelador de la patraña que socializamos.

Hay una voz que emerge del sentido común, ésa que dice que los derechos no se comen y que se necesitan políticas efectivas que conecten los recursos con las necesidades de la gente.

Esto lleva a analizar el marco social desde la protección, el cuidado y el bienestar más que desde los decálogos de buenas prácticas de las convenciones formales de los organismos internacionales o de las recomendaciones del Defensor de Pueblo, ésas que quedan en el cajón del olvido hasta que la realidad de nuevo salta a la cara provocando la vergüenza ajena y obligando a redefinir los procedimientos de disimulo.

Esta voz nos cuestiona al mostrar la evidencia de que los chavales y chavalas se quedan absolutamente en la calle al cumplir 18 años.

El sentido común nos dice que las necesidades de un “menor” de 17 años y 364 días no deben ser muy diferentes a las de un “adulto” de 18 años y 1 día, y sin embargo el marco legislativo difiere absolutamente, subrayando la hipocresía social y política respecto a las personas migrantes y también respecto a los niños y niñas.

En la situación que viven cuando salen del sistema de protección de se expresa con una nitidez impúdica el racismo y la adultocracia de nuestra sociedad, y juntas, hacen que dicha situación sea sinónimo de sufrimiento y de maltrato social e institucional.

El tema es más complejo de lo que puede parecer y exige hilar fino y cuestionar, por supuesto  la ley de extranjería que hace que la dignidad dependa de unos papeles, y también cuestionar la ley de protección de menores, que confunde protección con encierro, y ampara definiendo biografías de exclusión social al guardar a jóvenes en centros sin permitir una interacción social con el mundo real, promoviendo dinámicas tanto de maltrato institucional como de xenofobia.


Extranjería y explotación.

Lo de la ley de extranjería da vergüenza hasta escribirlo, llevamos ya más de 30 años en los que la prosperidad y el bienestar de las clases medias y empresariales de este país se debe directamente al trabajo, muchas veces sumergido y casi siempre explotado de la población migrante, y seguimos tiquismiquis para dar papeles, como si los permisos de residencia y de trabajo pidieran más pan del que dan.

Los campos, los cuidados de niñas y mayores, las fábricas, la limpieza de bares y hoteles, etc. Toda la base productiva, material, y fundamental de la economía esa de servicios que nos hemos creído, se sostiene absolutamente en la generosidad de estas personas.

Violando la norma básica de la reciprocidad en la convivencia, seguimos haciendo que se jueguen la vida en el estrecho y que vivan en la clandestinidad en una sociedad que les persigue tanto como les atrapa.

Una ley de extranjería que pivota siempre en la falacia “del efecto llamada”, como si el marco siempre precario y siempre subordinado a lo económico y productivo que se ofrece, pudiera competir con sus necesidades vitales y con la lucha por la supervivencia, o con cualquier otro deseo o motivo que provoque un proceso migratorio pese a la posibilidad real de perder la vida en él.

No puede haber más prepotencia e instrumentalización del sufrimiento ajeno.

Ni siquiera en los momentos actuales de la crisis sanitaria, en los que hasta por una cuestión egoísta (está archidemostrado que la salud comunitaria depende directamente del bienestar y calidad de vida de las personas de una sociedad), se abre la mano a la posibilidad de reparación y devolución del bien aportado.

Ni en términos monetarios ni en términos de derechos.

Se promueven dinámicas de regularización precarias, vinculadas a la participación en el mercado laboral, como si este fuera justo y como si no lleváramos años conviviendo con un paro estructural de casi el 20% en los sucesivos momentos de crisis, con políticas incentivadas de ladrillo y playa que promueven el enriquecimiento de las élites y el empobrecimiento de todos los demás, y específicamente las dinámicas de explotación de la población migrante.

Hay una propuesta ahora de regularización, que venden como mega progresista, y que no puede ser más patatera, al promover la nacionalización de extranjeros que han prestado servicios esenciales durante la pandemia, (de nuevo la fuente de derechos es la pertenencia a una nación, y la legitimidad viene de portarse bien trabajando para levantarla) y que habrá que ver cómo cristaliza, ya que tiene toda la pinta de sustanciarse de manera privativa como la otra propuesta estrella del momento del ingreso mínimo vital, que dista mucho de ser una acción política transformadora de las dinámicas de desigualdad estructural que fundamentan nuestro sistema social y que tan duramente atacan al colectivo migrante.

No seré yo quien enmiende los pocos avances en políticas sociales que se hagan, pero genera urticaria el contraste de la propaganda triunfalista de régimen con la realidad de la gente que sufre nuestro sistema viviendo literalmente debajo de un puente.

Y a esta situación, la del puente, es a la que se aboca a los y las chavalas cuando cumplen la mayoría de edad en el sistema de protección de menores.

Y la respuesta del sistema es: consigue papeles, como si dependiera de ellos y ellas y no del Estado otorgarlos, y luego trabaja, como si dependiera de uno/a que la contrataran 40 horas a la semana durante un año para conseguir o renovar un permiso de residencia que dé “derecho a trabajar”.

Un empleo por cuenta ajena, que precisa siempre de un tercero, y que a la vez es la única vía aceptada para acceder a los derechos sociales en una sociedad que los hace depender casi exclusivamente de la participación en el mercado laboral si eres mayor de edad y formas parte de la población “activa”.

Por tanto, se habla de emancipación, se habla de autonomía, pero solo es una gran una falacia en el caso de los intencionadamente llamados M.E.N.AS, una falacia que lleva incluso a chavales a pagar la parte de la seguridad social de la empresa descontándola de su propio salario para mantener el contrato y el empleo. Todo esto en el mejor de los casos que ese trabajo exista y no sea solo una formalidad al servicio de las mafias que venden contratos a precio de oro.

El drama aumenta cuando hay permisos de residencia que no permiten currar, pese a tener la edad laboral. Hasta hace poco era el caso de todos los concedidos a las personas extranjeras entre 16 y 18 años del sistema de protección de menores, siempre y cuando se les hubiera podido tramitar por tener previamente el pasaporte, si no, ni eso. (Ahora, supuestamente, para los menores tutelados el permiso de residencia permite trabajar gracias a la modificación legislativa de marzo de 2020, pero que se está aplicando de forma precaria, y para nada es una realidad generalizada.)

Estos chavales y chavalas, por supuesto que necesitan medidas de apoyo, y por supuesto que necesitan políticas sociales que no les lleven al delito, a la repatriación o al re-encierro en CIES, o cárceles, o en el mejor de los casos a dinámicas de dependencia con ONGs y entidades sociales.

Pero como siempre, hay que afinar el tiro para no desfondarse al intentar vaciar el mar de lágrimas a cubos haciendo un trabajo que nos lleva, en el mejor de los casos a dar un marco legal a la situación de semi-esclavitud y dependencia. Ciertamente se consigue algo de sosiego y tranquilidad, pero muy difícilmente vivencias de autonomía, emancipación, bienestar y felicidad.

Claro que hay elementos destacables en la solidaridad y en el apoyo mutuo, y claro que el trabajo que se ha hecho desde la disidencia política y desde los colectivos de base es encomiable (el sindicato de manteros, los colectivos de ex-menas catalanes, el trabajo de la red de Lavapiés, el ferrocarril clandestino, la movilización por el cierre definitivo de los CIES, las dinámicas de desobediencia civil en la acogida de personas en la costa andaluza, el asilo constante y cotidiano en la parroquia San Carlos de Borromeo de Entrevías, etc.) pero se echa en falta un análisis serio y profundo respecto a la situación de la migración en el Estado para redefinir el propio sistema de protección de menores.


Protección y adultocracia.

La descompensación que se da entre la realidad migrante del Estado y el sistema de protección que tenemos es absoluta, y la adultocracia se expresa con fuerza.

Llevando al límite los postulados que desarrollaban en el post de la ilustrada vulneración de la infancia, a más desprotección y a más desamparo, más Ley de Protección.

Y por tanto, más de todo lo bueno, poco, entre otras cosas porque tiene fecha de caducidad y a nadie le gusta que le quiten lo que ya le dieron, y más de todo lo malo, mucho, porque la red de protección también está atravesada por los elementos racistas que conforman nuestra sociedad y también por los elementos adultocéntricos que definen siempre el cuidado de la infancia en dinámicas de dependencia y subordinación a la vida adulta.

Podemos seguir alimentando la fantasía occidental de que un niño o niña es esa personita cándida, que juega, que va al cole, que estudia, que necesita amor y que en un contexto afectivo y normativo crece sin pena ni gloria hasta llegar a la edad adulta de reconocimiento social en la que entra en relación armoniosa con el sistema social…

Más patraña, y más todavía si fijamos la mirada en la infancia vulnerada, empobrecida, sin red social, con color de piel cantoso y que se ha de buscar la vida porque nadie se la regala, ni siquiera aquí, entre la opulencia.

Pocos chavales y chavalas migrantes de más de 15 años encajan en el significante fabricado para la infancia con el que dialogamos en esta sociedad. Y aún menos si tomamos conciencia de que llevan en su existencia unos procesos vitales de gran impacto emocional.

El abandono de su gente, el jugarse la vida en sus viajes, el participar en dinámicas de explotación y trata, todo esto da una madurez personal fruto de logros y duelos que tiene profundidad y calado difícilmente comparable a las de los educadores y educadoras que se encuentran en los centros recién salidos de la universidad.

Podemos hablar de resiliencia, y es justo por ella por lo que tampoco encajan en el sistema de protección de menores.

Si a la hora de reivindicar políticamente y socialmente los derechos de las personas menores de edad migrantes y denunciar el desamparo que se da en la mayoría de edad, estamos demandando más sistema de protección, tenemos un problema.

Si algo está claro es la incapacidad de dicho sistema para consolidar biografías solventes de promoción social.

Es complicado porque estamos en un momento que ciertos sectores están encontrando la amplificación de sus postulados racistas hasta el punto de que incluso se puede llegar a cuestionar, como en la foto, si los menores extranjeros son personas, y si se merecen el amparo de nuestra red.

Son momentos de resistencia, pero es importante que el trabajo político de defender lo básico no afiance unas dinámicas de protección a la infancia contraproducentes y que afloran con todo su dramatismo en la mayoría de edad de los y las jóvenes atrapadas en ellas.

Hay un elemento básico, que no me cansaré de repetir, un modelo de protección que no se pone al servicio del proyecto migratorio es una falacia prepotente.

Pensar que un sistema institucional por sí solo tiene más capacidad de dar viabilidad a un proyecto vital que una dinámica propia, más o menos precaria, pero que ha sido viable hasta el punto de alcanzar, con todas las dificultades en el camino, el territorio español, es de una ingenuidad que solo puede darse en la fantasía de quien vive en una posición de privilegio.

Un sistema de protección que aborta el proceso migratorio está abocado al fracaso porque no vale, ni siquiera, como estación de servicio, como alto en el camino, porque las dinámicas que genera son absolutamente inservibles para la vida adulta en esta sociedad.

El marco artificial de un centro de menores puede llegar a ser muy cuestionable para la infancia, pero es absolutamente inviable en la edad adulta, a no ser que la asociación entre “menor en centro de menores” y “adulto/a inmigrante en centro de internamiento” sea lo que se pretenda construir y afianzar en el simbólico cultural.

Es inviable.

El drama de la mayoría de edad, de forma precaria, se intenta aplacar por parte de la administración con algún piso de “emancipación”, o con alguna otra alternativa habitacional temporal (algunas ONGs pagan unas pocas semanas en hostales para estos chavales), pero es a todas luces insuficiente.

En algunos casos, un poco más de margen de tiempo puede ser significativo para el bienestar de los y las chavalas (sobre todo si están a la espera de la documentación que se les debe tramitar, y no siempre se hace, desde el centro de menores) pero en la mayoría de los casos solo supone retrasar uno días la caída al abismo.

No hay ninguna solución que no pase por reformar profundamente el sistema de amparo a las criaturas y ponerlo al servicio de sus propios proyectos vitales, singulares, particulares, potentes y con efectividad contrastada, pese a no tener los certificados de calidad que tienen los centros.

Y esto pasa por poner, como decía, el sistema de protección en relación, sinergia y colaboración con su dinámica migratoria: De dónde vienen, a dónde van, que red social tienen y cómo entienden su presencia en el territorio español, no pueden ser solamente elementos descriptivos de su identidad migrante sino que debe fundamentar, definir y determinar cualquier trabajo que se precie de acompañamiento y cuidado.


Los M.E.N.A.S y “El perro del hortelano”

Parece muy complejo, pero es mucho más fácil y barato que sostener artificialmente una dinámica privativa de libertad legitimada en el constructo de “menor no acompañado” que es definitorio de un estatus legal en inferioridad, en vulneración de derechos, pese a que la infancia sea un bien a proteger constantemente en boca de los políticos de bien.

Se precisan, más que derechos de infancia, políticas directas que sustancien dichos derechos.

Y sin cuento, con ética. Y sin más ideología de la que reconoce la igualdad en los términos más básicos para todos los seres humanos.

Los y las “menores" extranjeras necesitan que el sistema de protección trabaje para quitar ese adjetivo, obviamente no en lo que se refiere a elementos culturales, pero sí respecto a la vulneración de los derechos políticos en comparación a los de los niños y las niñas “nacionales”.

Y se acciona justo el proceso contrario, se promueven unas dinámicas de socialización en nuestra cultura hegemónica, siempre desde la inferioridad (sistema educativo, sociedad de consumo, movilidad), y a los 18 años son más “extranjeros” de lo que nunca habían sido.

La regularización debiera ser automática para todas las personas menores de edad que hayan pasado por el sistema de protección de menores con derechos vitalicios equiparables a los de la nacionalidad española.

El Estado, como “familia” encargada de la tutela y de la guarda de estas criaturas, igual no sabe ni puede dar afecto más allá de lo que se ofrece en la precariedad de los centros, pero papeles podría dar sin problemas.

Y puestos a elegir, toda la chavalería preferiría un estatus con garantías legales más que una intervención socioeducativa por muy amable que esta sea.

Además, tendrían que ser beneficiarios directos de las muchas o pocas ayudas sociales que pudiera haber, en una discriminación positiva que sirviera para paliar y compensar las dinámicas racistas de cara al acceso a los servicios públicos y al mercado laboral.

El ingreso mínimo vital tendría que ser de concesión automática al menos desde los 16 a 26 años, independientemente de la situación laboral de cada momento.

Y el permiso de residencia y de trabajo debiera concederse por 10 años, mínimo, y además debiera estar vinculado al derecho a recibir una prestación como un elemento de protección frente al sistema laboral.

Solo así se posibilitarán itinerarios de participación en el mercado de trabajo que compatibilicen procesos de formación y de cualificación profesional, de manera que la explotación laboral y las mafias de contratación son sean la única manera de permanecer en el país.

Y respecto a lo de “menor” dejemos de asociarlo a una significación de discapacidad e inferioridad.

Un chaval o una chavala de 16 años, tiene capacidad de vivir de forma autónoma en régimen de libertad.

Un sistema de protección que suministrara vivienda, más o menos apoyada en función de las necesidades concretas de cada chico o chica, y aportara ingresos directos, monetarios o en especie, para posibilitar la subsistencia en los años en los que el mercado laboral no da espacio, sería mucho más educativo, integrador y emancipador que las dinámicas infantilizadas de control social que se dan en centros.

Nada justifica la privación de movilidad y libertad de los y las menores tuteladas, supone un elemento estigmatizador que erosiona las pocas redes sociales que pueden activar y las convierten en materia prima de un sistema que luego los y las desecha sin remordimientos.

Los chavales y chavalas necesitan esta libertad para ir poco a poco fabricándose su situación más allá de la mayoría de edad, porque nadie puede ni debe hacer ese trabajo por ellos y ellas.

Es de responsabilidad social acompañarlo y facilitarlo con respeto, incluso con reverencia por los valores que en la mayoría de los casos representan, pero nunca usurpando procesos.

Estamos disimulando negligentemente amparo en un “ni hago ni dejo hacer”, como “el Perro del hortelano, que no come ni deja comer”, de Lope de Vega, muy español sí, pero profundamente insolidario y violento en un marco de protección de derechos fundamentales.


“Efecto llamada”

Y por si queda alguien que acabe el artículo aún instalado en la falacia del “efecto llamada”, que piense en las llamadas explícitas y subvencionadas que se hacen con las medidas de apoyo al turismo, la apertura de aeropuertos y terrazas, los ganchos en forma de campos de golf, o la privatización de espacios naturales de todas para la venta al mejor postor.

Esto sí es un efecto llamada normalizado y pagado por todos y todas con nuestros impuestos. Y también es racismo puro.

Porque, incluso, desde el argumento prosaico la aportación al P.I.B, la aportación del trabajo migrante es tanto o mayor que la del turismo (y además el turismo no se sostiene sin trabajo migrante) por lo que ni siquiera en términos capitalistas se justifica el sufrimiento que supone todo esto en las vidas de tanta gente.

 

Comentarios

  1. Me ha gustado, artículo sentido y pensado. Más corto, más lectores.

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    1. Gracias. También por la sugerencia. Cantidad, calidad...vidas frenéticas, uno ya no sabe qué merece la pausa. Un saludo.

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  2. Muchas gracias por tu reflexión. Hablas creo, desde la experiencia, desde la empatía, y desde la justicia social. Personas como tú deberían ocupar puestos políticos que hicieran cambiar nuestra sociedad para hacerla más justa y por ende, más humana. Basta ya de seguir vendiéndose a los grandes poderes politicis y económicos que hacen creer, a la mayor parte de la población, que son los que generan trabajo y riqueza. La sociedad del bienestar, la verdadera riqueza, se construye con el trabajo y el esfuerzo colectivo y colaborativo de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, incluso de aquellas que, por su situación de vulnerabilidad (enfermedad, incapacidad, ...) no puedan realizar un trabajo remunerado. Sólo se puede entender desde la solidaridad y la compasión que cualquier persona es valiosa por el simple hecho de serlo, y debe poder vivir con dignidad, y el Estado como garante superior, debe velar para que así sea.

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