Justicia popular.

 

Foto de Anete Lusina

 

Injusticia patrimonial.

Todo comienza y acaba en los derechos pero muchas veces la justicia se pierde por el camino.

Cuando aparece la palabra “justicia” en conversaciones, o en los medios de comunicación, su significante nos lleva a un lugar de seriedad, de rectitud, lleno de hombres trajeados (y alguna mujer igualmente trajeada), con muchos papeles escritos con textos ininteligibles, a un mundo que tiene sus propias reglas, sus propios tiempos, y que solo interacciona con el común de las mortales a base a resoluciones y sentencias que dejan poco espacio para el diálogo. Sus sentencias firmes van poco a poco definiendo la arquitectura de un cuerpo social que cada vez nos duele más y está más enfermo de totalitarismo.

Por otro lado, muchas pensamos que el significado justicia pertenece a la gente. Es un significado que se expresa cada vez que una persona o un grupo acciona para compensar la balanza desequilibrada por el privilegio, cada vez que una expresión de malestar tiene resonancia en lo común activando mecanismos propios de solidaridad y empatía.

La acción política parece que se concreta en la reivindicación de derechos, pero también va más allá, en una práctica de apoyo mutuo y de denuncia social que visibilice y dé respuesta a las dinámicas de explotación y malestar que tanto sufrimiento provocan. Dinámicas que son muy comunes también en un estado de derecho. Y que la justicia, lejos de compensar, opera para desequilibrar más la balanza en demasiadas ocasiones.

Llevamos más de 40 años en una democracia formal, estructurada desde los principios ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad, con su modélica separación de poderes, y con todo esto, la justicia pertenece cada vez menos a la gente. Los derechos reconocidos tienen un papel casi ornamental y la administración de los mismos se parece más a un mercado de privilegios que a una justicia basada en el bien común.

Si el modelo fuera coherente, la praxis de la convivencia y la participación social en un supuesto contexto de libertad debieran haber acercado posturas, relacionando las lógicas de funcionamiento de la sociedad con las lógicas de la administración de la justicia, que más allá de la especialización técnica y de los sistemas de garantías, debieran servir para dar estructura jurídica y ayudar a consolidar los logros de una sociedad para su bienestar. Esto ahora suena a utopía.

Cuando sistemáticamente se han de reivindicar derechos en contra del derecho, cuando las sentencias judiciales vienen de otro mundo, con una subjetividad propia y particular impermeable al sentir común, y cuando la desobediencia civil sigue siendo tan o más necesaria en sociedades “modernas y desarrolladas” como en otros marcos carentes de libertades formales, algo, mucho, falla.

Obviamente el marco capitalista y patriarcal no ayuda. Se parte de una desigualdad estructural de base, pero eso no justifica, en ningún caso, que la administración del derecho se haga de parte y que la justicia social sea una quimera que sirve para motivar reivindicaciones legítimas de los grupos y organizaciones progresistas, mientras que la práctica judicial no hace más que consolidar el privilegio y definir una sociedad cada vez más dual.

Llevamos una tanda larga en que la justicia nos vacila, nos reta y confronta a los sectores sociales comprometidos con lucha por los derechos y con la evaluación crítica de las políticas que son lo que no dicen y dicen lo que no son.

Lo que se ha conseguido en la calle, ya sea por reivindicaciones explícitas o por lo que tiene de pedagógico la práctica de la sociabilidad crítica y la ternura en la convivencia, entra en cuarentena en el momento que se judicializa. El sistema judicial se lo apropia, lo resignifica y lo devuelve a la sociedad adulterado y con la carga transformadora desactivada. Y esto es un problema que no debemos naturalizar.

Ha habido muchos ejemplos desoladores, que sin entrar en las cuestiones técnicas -hay abogadas preciosas que entran y el panorama es igualmente desolador- demuestran que la administración de la justicia es autorreferencial, que se basa en una subjetividad propia sin dialogar con el resto de la sociedad.

Hay un proceso grave de usurpación cuando se  auto-legitima como estructura democrática y habla en voz de todas, pero a la vez, su práctica se da de forma generalizada alineada con los sectores más reaccionarios. La justicia se pone al servicio de quienes rechazan todo aquello que les puede quitar el chollo. Un derecho esencialmente conservador que no es que vaya más lento que lo demás, sino que rema en sentido contrario intentando neutralizar las propuestas de cambio social.

Así, a vuela pluma y sin irse muy atrás, recuerdo la sentencia del caso Tarajal –como dice CEAR, 15 muertes y siete años de impunidad-, o la “muerte accidental” del Iliass Tahiri en el centro de “protección” Tierras de Oria de Almería, o las múltiples órdenes judiciales de desahucios de personas sin alternativas habitacionales y con criaturas a cargo.

Uno ya da por hecho que los políticos y los eméritos corruptos se van a ir de rositas después de pasar por los juzgados -la sentencia del “pitufeo” valenciano, o la vista gorda con que se mira Suiza y los paraísos fiscales, es bochornosa-, pero siempre ha quedado la esperanza que en cuestiones mundanas la justicia se exprese con la ecuanimidad de la que presume. Parece que no.

Mención aparte merece el sesgo patriarcal de la justicia. Tenemos la archiconocida sentencia de la manada, con su particular voto particular, o recientemente y no menos sangrante, las resoluciones respecto al indulto y la excarcelación de Juana Rivas. La relación del derecho con el movimiento y las reivindicaciones feministas es casi de venganza.

Frente a la oportunidad que supone que en el debate público estén las cuestiones de género, que se hable de la ética del cuidado como un complemento necesario para que la ética de la justicia no se convierta en la moral del amo, que exista una corriente impugnadora de las dinámicas autoritarias y opresivas que describen el derecho desde Hammurabi -pasando por el derecho romano hasta las últimas leyes orgánicas aprobadas-, se decide ningunear y desacreditar, dar un puñetazo en la mesa y resolver dejando claro quién manda en un ejercicio de autoafirmación más que de justicia.

Así, en demasiadas ocasiones, se percibe el cortocircuito. La justicia que debiera estar al servicio de los derechos individuales y colectivos termina sentenciando injusticia, escupiendo el derecho a la cara de la gente, otorgándose una superioridad moral y presumiendo de la impostura de la objetividad, imparcialidad y neutralidad. Justificándose con la legitimidad que les da la misma sociedad a la que machacan y agreden.

Justicia popular.

Nos cansamos de escuchar que a una democracia la define su estructura jurídica, sus leyes y procedimientos, pero pocas vías democráticas hay para participar desde la base en ellas. No hay formas definidas para que el ejercicio responsable de la ciudadanía sirva de contrapoder, o al menos, de auditoría sobre cómo se están sustanciando los derechos.

El esquema naíf de que elegimos políticas y que ellos y ellas, en nuestra representación, aprueban leyes, y que los jueces obedientes se ponen al servicio de esto, no cuela.

A igual que tenemos asumido que la política va mucho más allá del juego parlamentario y de lo institucional, que es imprescindible la implicación de los movimientos sociales, de las organizaciones pro-derechos humanos, y de las prácticas militantes en barrios, fábricas y escuelas, para conseguir avances sociales, ¿Qué pasa con la justicia? ¿Cómo hacemos para ejercer el contrapoder ahí? ¿Cómo se puede oxigenar la podredumbre?, o en términos positivos, ¿Cómo podemos nutrir a la administración de la justicia de los elementos que son fundamentales para la convivencia, máxime cuando los derechos universales están de nuestro lado?

No se trata de entrar en dinámicas de presión que puedan leerse interesadamente como coacción, pero sí tener el poder para dar un toque de atención cuando sistemáticamente se están vulnerando derechos fundamentales en el nombre del derecho. Poder denunciar, de forma efectiva, que elementos asentados en la sociedad -como son la igualdad entre hombres y mujeres, el cuidado del medio ambiente, o el respeto a la vida (también de la vida migrante) - resbalan por unas sentencias impermeables a los precarios avances en justicia social.

Se percibe fuerte la sensación de que llevar los derechos al lugar que habita el privilegio -y que es un vivero para su reproducción- es ineficaz y frustrante. Y aunque no quede más remedio - por eso de disputar también los marcos formales y poder hacer algo de jurisprudencia con las pocas victorias reconocidas- se han de entrenar también alternativas que ayuden a no desactivar la potencia transformadora de la justicia como elemento vertebrador y organizador de la sociedad.

Es una práctica política, pero va más ambiciosa. Se trata de aprender a ocupar y habitar la justicia popular. Es ir más lejos de la lucha por el reconocimiento de los derechos, más allá de pelear por leyes “justas” y más allá de enorgullecerse por los avances de nuestro marco jurídico.

Se trata de implementar dinámicas sociales y comunitarias que “obliguen” a que las leyes se cumplan. Pasa por asumir un protagonismo en el ámbito de la justicia, no delegando en jueces y juezas su administración. La política puede ser un medio, pero lo que verdaderamente nos importa es el bienestar de la comunidad, y no podemos ni debemos externalizar nuestra responsabilidad de vertebrar la convivencia sustanciando los derechos.

Tenemos mucho que aprender de la experiencia latinoamericana respecto a la justicia popular.

Los pueblos de los países que sufrieron dictaduras genocidas y miserables en los 70 tuvieron muy claro que, con la llegada de las democracias, no se hacía un punto y aparte.

El daño seguía doliendo y los verdugos y asesinos seguían ostentando las posiciones de poder político, económico y militar. No había victoria que celebrar, más bien un duelo que politizar. Un camino que pasaba por reivindicar la memoria de las muertas y de su lucha, en un ejercicio valiente y comprometido con la justicia. Una sociedad que tenía muy claro que les podían arrebatar mucho, pero no la dignidad, y que ésta iba vinculada a diferenciar la violencia y la explotación del cuidado y la solidaridad. Por tanto, si desde arriba llegaban palos en los riñones de las activistas y palos en las ruedas de las conquistas sociales, esto no era justicia, por mucho que la firmaran honorables.

Solo por hablar de Argentina, la experiencia de las madres de la Plaza de Mayo, o la de los  H.I.J.O.S, o toda la organización popular piquetera como respuesta al “corralito”, o más recientemente la movilización del “pañuelo verde” por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito… Todas ellas ejemplos de luchas políticas que iban más allá de una conquista formal de derechos y que hacían evidente que la sociedad iba a seguir estando ahí, vigilante y comprometida, sin regalar a una panda de jueces fachos el resultado de un complejo y exigente proceso popular.

Y podemos hablar también el proceso constituyente en Chile, de la organización contra los feminicidios en Méjico o de la lucha de los pueblos originarios en la defensa- muchas veces con su vida – de las selvas.

Política integral en la que justicia, derechos, cuidados y supervivencia se fusionan formando un cuerpo social indivisible e interrelacionado. Desde esta perspectiva esencialmente comunitaria, de justicia sentida y encarnada, eso de la “separación de poderes” puede llegar a sonar como un artificio payo-burgués para seguir manteniendo una estructura de derechos formales que solo garantizan la perpetuación del privilegio, por lo que urge explorar y complementar con otros modelos.

Pese a los pequeños y valiosos ejemplos patrios que se dan en este sentido -como pueden ser la experiencia Stop Desahucios-PAH o la solidaridad en la acogida a personas migrantes-, en el contexto del Estado español la cosa pinta mal.

A diferencia de la experiencia latinoamericana, el marco constitucional hizo de torniquete de la sangre vertida en la Guerra Civil. Una sociedad, ya desangrada, que necesitaba de soluciones milagrosas y de paliativos que, al menos, permitieran vivir la esperanza de un futuro mejor, aunque fuera pagando el precio del olvido y de la amnesia colectiva.

Tal era necesidad de salir del bache y tanta la generosidad de una comunidad que celebraba cada una de las conquistas sociales como agua de mayo, que se instauro el discurso y la práctica de la indulgencia como la gasolina del progreso social (Aunque muchas de las conquistas sociales fueran la contraprestación por asumir el papel que la construcción oligarca europea nos reservaba). Todo venía bien y era imprescindible en ese momento histórico.

Pero las cosas no fueron aquí diferentes a otras “transiciones”. Las élites franquistas siguieron bien posicionadas, tanto en el poder económico como en el poder judicial, y juntos, definieron un poder político al servicio de la perpetuación de sus privilegios y de su cultura moral. El engranaje estaba tan engrasado que no ha sido hasta hace poco cuando se han visto en la necesidad de saltar al ruedo político, para disputar el relato y la hegemonía cultural. Hasta ahora solo ocupando sus posiciones de poder les era suficiente.

Así, mucho del territorio de las luchas y de los anhelos de justicia popular ha estado limitado y acotado. Por detrás, por la necesidad generacional de echar tierra sobre la experiencia traumática de la Guerra Civil, y por delante, porque el modelo del desarrollismo ultra-capitalista era asumido y aplaudido por los supuestos partidos socialistas, de manera que quedaba poco margen para la impugnación en un clima virtual de celebración y autocomplacencia.

La archinombrada y archicelebrada Constitución del 78 definía un techo respecto los derechos sociales que todavía está lejos de alcanzar. Y parece que no pasa nada.

Nos hemos acostumbrado a que los derechos formen parte del paisaje, y que pese a ser fundamentales, y que pese a que el sentir común es que su cumplimento es indispensable, vivimos en su vulneración sistemática sin que eso nos impida presumir de nuestra sociedad y de nuestra democracia como un Estado pleno y de garantías. Ni el derecho al trabajo, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la vida, ni el derecho de las infancias a su protección, ninguno de ellos se acerca en su concreción a la universalidad de su definición, y parece que hemos de aceptarlo como si su incumplimiento, y la desigualdad que implica, fuera ley natural.

Cuando algo de todo esto se sustancia en un juzgado, emerge el derecho a la propiedad, la inviolabilidad de las fronteras, el poder del padre en el derecho de familia, o la autoridad incuestionable de las fuerzas y cuerpos de seguridad, marcando posiciones, dejando las cosas claras y en su sitio, y dificultando que la justicia social se exprese y se desarrolle utilizando las herramientas propias del derecho. 

Así parece que como sociedad estamos inhabilitadas para poder consolidar nuestros avances en la convivencia en estructuras garantistas de justicia, inhabilitadas para ejercer una justicia popular que ponga las necesidades por encima de los privilegios y pueda significar un avance social hacia el bienestar compartido.

Una justicia popular como práctica de desarrollo comunitario que pueda superar y trascender el modelo ilustrado, que rompa con la dicotomía de “culpable o inocente”. Una justicia que no se administre desde la individualización y que no divida la sociedad entre víctimas y verdugos. Una justicia al servicio de la vertebración social, y por tanto, con dinámicas restaurativas y antiautoritarias. Una justicia popular que cuanto más se ejerza más nutra la sociabilidad saludable, más se crezca en el respeto y en la convivencia.

Y sí, parece que queda rato. Mientras tanto no nos queda otra que dar la murga en las puertas de los juzgados, cuestionar todo lo que podamos las sentencias judiciales desde perspectivas integradoras de la vida y desempolvar la desobediencia civil como uno de los caminos más decentes de progreso social.

Arrimarse a la justicia y no dejarla escapar. Alcanzarla con nuestras movilizaciones políticas y abrazarla en un afán de hacerla entrañable y empática con el sufrimiento. Y también estar cerca para, si no queda otra, vigilar y estrangular sus sentencias injustas de manera que se ayude a minimizar las consecuencias nocivas para la sociedad.

La justicia popular es un camino que necesariamente hay que transitar, aunque rechisten los que hoy por hoy están convencidos de que ostentan el monopolio del derecho.