Maradona, masculinidad hegemónica y cultura pop.

  Difícil no verse impactado por la resonancia social de la muerte de Maradona: redes sociales, infinitos artículos y, además, si la vista consigue llegar al otro lado del atlántico, la emoción, la catarsis colectivizada de tanta gente. Imposible de ningunear y, aún menos, si se valora el sentir a flor de piel como una forma óptima de transitar. Un abrazo sincero desde aquí al Pueblo argentino. Y todo se vuelve aún más potente cuando tomamos conciencia de que el motivo de tan rica expresión es el homenaje a una persona, a un genio del fútbol, que frecuentemente se relacionaba con el mundo, y con las personas de su alrededor, en base a conductas delictivas, a maltratos y abusos, como describe Begoña Gómez en su artículo del suplemento de ¿Moda? del País. Todo esto ha pasado un 25 de noviembre , fecha significativa que ya tenía un luto reservado, el recuerdo doloroso de todas las mujeres asesinadas por hombres, 1074 desde 2003 y 41 en lo que va de año, y fecha en la que se concreta un tr

“Ley Rhodes”: un proyecto desafinado de ley de protección a la infancia y a la adolescencia.

Fotograma de la película "la cinta blanca". M.Haneke. 2009.

El contexto.

Empiezo compartiendo la sensación agria de ir de pitufo gruñón en un momento que pudiera ser de celebración, de hecho puede que lo sea a juzgar por el entusiasmo y alegría que ha supuesto la aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, después de muchos años de trabajo e insistencia de asociaciones y entidades de apoyo a la infancia, que veían la necesidad, con urgencia, de dar amparo legal a las situaciones de vulneración de derechos de las criaturas.

Es un proyecto de ley que aún tiene que tener un largo recorrido legislativo, por lo que espero que mi posición de preocupación y desencanto se vaya matizando con el paso de las semanas, y que las entidades implicadas no se dejen contagiar por el aire triunfalista y propagandístico del gobierno de turno y no cese el trabajo para ir mejorando, ampliando y matizando los postulados en los que se sustenta esta propuesta.

En mi caso no puedo evadirme del contexto concreto en el que estamos, momento de desescalada e implementación de una nueva normalidad, que casualmente, si se caracteriza por algo es por estar obviando, ninguneando e incluso violentando a la infancia y a sus necesidades.

Jaume Funes expresaba en un tuit recienteAlgunos se enfadan por las comparaciones… pero es para no reconocer que ocuparse de la infancia nunca es prioritario, nunca se buscan soluciones imaginativas de urgencia. Empiezan a discutir una ley contra los maltratos olvidando que el mayor de ellos es el olvido”.

No es momento de profundizar sobre ello, pero es de sentir común que después de tener las terrazas de los bares abiertas, los campeonatos de fútbol a todo trapo y planificadas las entradas de los turistas, los niños y las niñas siguen encerradas en el armario de los tratos olvidados.

Ni siquiera un confinamiento con tiempo y pausa ha servido para tomar conciencia de la realidad infantil e integrarla en la nueva propuesta social.

El debate de la educación empieza a darse ahora, y más respecto a las condiciones sanitarias de los colegios y la protección de los y las trabajadoras que respecto a las necesidades de acogida y socialización de la infancia.

Los parques siguen cerrados, las medidas para la compatibilización del trabajo asalariado con las responsabilidades de cuidado siguen sin estar en agenda, e incluso, las propuestas de verano para los niños y las niñas se están configurando de manera subsidiaria a las necesidades del mercado laboral, dejando poco lugar para el disfrute.

Como decía Ana Requena, que el mundo gire que ya cuidan las mujeres, y añado yo, en el argot ciclista, que los niños y niñas sigan chupando rueda.

Y en este contexto de vulneración de los derechos teóricamente consolidados de la infancia, el derecho a la educación, el derecho a recibir cuidados y amparo, el derecho al juego y al disfrute, aparece la noticia de la aprobación del Proyecto de Ley de Protección, sin saber muy bien si lo que se busca es un efecto mediático que eclipse todo lo anterior, o si por lo contrario, realmente se piensa que esta ley es la herramienta necesaria para garantizar el amparo y protección de los niños y niñas en este país. No sé muy bien lo que es peor…

Protección integral.

Llama la atención que después de estar unos meses viviendo con intensidad la relación con la infancia, conviviendo con ella como nunca y apropiándonos de nuevo de las dinámicas de cuidado que estaban delegadas y externalizadas, un momento en que la experiencia común ha sido la percepción de la infancia como un lugar de encuentro y de vertebración social, los políticos la pongan en el debate público en términos de abusos y de violencia.

Asociar protección y violencia lleva a una concepción de la seguridad basada en el riesgo, y en el delito, que precisa actuaciones policiales y de vigilancia, antes que una seguridad basada en la atención de las necesidades y los derechos sociales, que por tanto precisaría políticas de cuidado y de vertebración comunitaria.

Esto puede valer para un Código Penal, pero es una aberración en una propuesta de ley que pretende ser de protección Integral.

Obviamente existe violencia hacia la infancia, y mucha de ella está oculta, y supone destrozo de la niñez y mucho malestar y sufrimiento para las criaturas, pero esto no quita que sea un error grave motivar una propuesta legislativa desde ahí.

Definir a la infancia desde este lugar y promover que el diálogo social se dé en este marco, que si abusos sí o no, cuando sí cuando no, grados de violencia, culpables o inocentes, denuncia, vigilancia, etc. es reduccionista e incluso puede ser contraproducente por despistar la atención de lo importante.

El discurso penal, que esconde a los niños y niñas detrás de los hechos y los responsables, nos despista del espacio social que ha de ocupar la infancia y obvia las causas estructurales de la vulneración de derechos, cuando la mayoría de las situaciones de violencia emergen de ahí, de una privación previa.

El Estado, además de vigilar el cumplimento de los deberes y obligaciones con respecto a los niños y las niñas, debiera ser garante de los derechos de los mismos más allá de ajustar cuentas, posibilitando las condiciones necesarias para que las responsabilidades de cuidado se ejerzan con solvencia dentro y fuera de las familias.

Si esta Ley se presenta como una Ley de Protección Integral, debiera ir más allá de modificar ciertos elementos anacrónicos y adultocéntricos que perduran en la legislación respecto a los delitos contra la infancia, para los que una modificación seria y rigurosa del Código penal y de la Ley Enjuiciamiento Criminal hubiera bastado para ello (modificaciones necesarias respecto a penas, atenuantes y agravantes, prescripción de delitos y papel de los niños y niñas en los procedimientos, etc.) En cualquier caso significaría un importante avance garantista para el marco normativo, pero sería pretencioso y sensacionalista adjetivarlo como “integral”.

En el caso que nos ocupa, se habla de una ley Integral para luego reducirse a definir un lugar para infancia descrito por la vulnerabilidad y victimización.

Prevalencia adulta.

Se promueve un ensalzamiento de las figuras adultas, principalmente los profesionales, como elementos de protección y vigilancia (como si fuera lo mismo) de manera que se asume como realidad inmodificable que la relación es de jerarquía.

Son los adultos y adultas los que pueden asumir la posición de maltratadoras o de vigilantes, pero en todo caso, el bienestar de la infancia va a estar de nuevo subordinado a que se dé un rol u otro, si bien se reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos, éstos quedan siempre a merced de la gestión adulta que se haga de los mismos.

La ley que se proyecta no ayuda a construir un marco social de ejercicio directo de los derechos, y las obligaciones, de los niños y niñas, de manera que sea su propia agencia, su propio protagonismo, su emergencia como agentes políticos de primer orden lo que les a un lugar social visible, valorado, reconocido, y por tanto de protección.

Vigilancia y denuncia.

Se habla que el tema de la violencia hacia la infancia debe de dejar ser un asunto privado para estar en el espacio público y que es responsabilidad de todas hacernos cargo de esta realidad. No puedo estar más de acuerdo.

El problema está que parece que la manera que promueve esta ley de trasladar a lo público la violencia contra la infancia es de vigilancia y denuncia y no de cuidados.

De alguna forma este proyecto de ley transmite que el abuso hacia los niños y niñas es una realidad con la que vamos a convivir, y no tanto susceptible de transformación, y que por tanto a lo más que podemos aspirar es a que los culpables cumplan su condena, pidiendo una colaboración ciudadana para que el sistema penal funcione mejor.

Y si para ello hay que instrumentalizar, y desnaturalizar, servicios públicos como escuelas, centros de protección, centros sanitarios, para que funcionen como oficinas externas de los juzgados, no pasa nada porque la gravedad del asunto hace que merezca la pena.

Todos y todas hemos visto como en este confinamiento las ansias de ejercer la ciudadanía desde el juicio y la denuncia son muchas, hemos visto como policías de balcón llegaban a insultar a sanitarias que iban a hacer su trabajo, desde un lugar de superioridad moral, y con un sorprendente anhelo punitivo.

¿Realmente estamos seguras que configurar una sociedad vigilante no va a tener el efecto contrario de esconder todavía más las situaciones de abuso y violencia que nos preocupan? ¿No se puede estar induciendo la absoluta opacidad las prácticas de los abusos y de los maltratos reforzandose el ámbito privado como el espacio de impunidad, en la medida que éste tiene más dificultades legales de ser controlado y vigilado, con la consecuencia de recluir más si cabe a los niños y niñas que sufren la violencia?

Violencia y exclusión social de la infancia y de la adolescencia, también en esta propuesta de Ley.

El problema principal no es el mal que se hace a los niños y niñas, si no que los niños y niñas están en un lugar de exclusión social en el que da igual lo que pase.

Y es muy peligroso que esta ley promueva que solo se abandone ese lugar social oculto e invisible de la mano de la violencia y el maltrato.

Es un error que la participación de los niños, niñas y adolescentes en el sistema social sea consecuencia de la condición de vulnerabilidad que les otorgamos, porque de esta manera, pese a que se haga una gestión cuidadora y restauradora del daño, (que no siempre será posible por falta de medios y por falta de competencias de las instituciones y profesionales responsables), se afianza esta condición de inferioridad, desigualdad y victimización.

Además, si el tratamiento que se promueve va vinculado a un proceso penal, o de retirada de tutela, se dará en un marco netamente adulto (la racionalidad de vincular hechos con delitos y posteriormente con medidas de separación, o penas) que nada tiene que ver con la experiencia infantil, mucho más sensorial, emocional, integral y transversal.

Cuando la violencia aparece en un lugar central de la sociedad todo funciona, es visible, el sistema penal actúa, los medios de comunicación lo recogen, y la opinión pública se posiciona, y por lo contrario, cuando la violencia acontece en los márgenes se da un proceso absoluto de invisibilización y ocultación.

Estamos en plena lucha política por el simbolismo del asesinato de George Floyd, con la imprescindible campaña #BlackLivesMatter, también en prensa ha aparecido la confirmación del asesinato de Iliass Tahiri, en el centro de la fundación Ginso en Almeria , y la muerte sin aclarar en la comisaría de Algeciras del gitano Daniel Jiménez

Todos ellos eran individuos, hombres, ciudadanos de plenos derechos en países democráticos con estructuras legales garantistas, lo que no ha impedido que se dieran las situaciones de abuso, incluso desde el propio poder, en los tres casos han sido personas con responsabilidades públicas, de orden y de cuidado, los supuestos agresores.

En los tres casos, negro, moro y gitano su condición de pertenencia a un lugar social subordinado por las estructuras racistas de nuestras sociedades ha imposibilitado la tutela efectiva de sus derechos. Estos casos han llegado a los medios por la gravedad de los hechos, hablamos de asesinatos y muertes, pero todas sabemos que los colectivos racializados conviven cotidianamente con dinámicas de abusos y vulneración de sus derechos sin que esto ponga en jaque los marcos legales de los estados democráticos.

Incluso la experiencia concreta de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a la que sigue su estela la que nos ocupa, demuestra que no impide que las sentencias de muchos juzgados sean benevolentes con los violadores, o que los asesinatos de mujeres sigan estando al orden del día, sin que parezca que el tratamiento policial y penal del tema esté ayudando demasiado.

Nada hace pensar que con los niños y las niñas pudiera ser distinto.

Paternalismo social para la perpetuación de la desigualdad y del privilegio.

La existencia de las leyes especiales, de talante penal, para los colectivos marginados, grupos racializados, mujeres y niños/as, etc., no deja de significar que el cotarro lo siguen manejando los de siempre, los que no se han de definir con ningún perfil concreto porque representan “el todo” y son la medida de todas las leyes y derechos, de manera que no necesitan adjetivarse porque el marco está hecho a su imagen y semejanza.

Hombres blancos y adultos representan el sujeto de plenos derechos en el imaginario de la mayoría de las personas y también de la mayoría de los profesionales que administran el sistema de derecho, ejerciéndose un poder simbólico que puede llegar a determinar incluso más que los propios textos legales.

Cuando un hombre blanco y adulto, y si es rico ya de manera muy explícita, comete un delito o un abuso el sistema llega a poder contorsionarse para ser benevolente o incluso favorecer la impunidad.

Para el caso de los niños y niñas, y la violencia específica que sufren, esto es fundamental.

Si la violencia la generan personas que ocupan un lugar social privilegiado como adultas, y además con un reconocimiento, como padres, como profesores, o como educadores, en un estatus reforzado por esta ley con el adjetivo de “autoridad”, no parece que se esté ayudando demasiado a visibilizar la problemática de los abusos.

Habría que hacer más bien lo contrario, diluir la autoridad adulta y su situación de privilegio social para que el malestar infantil se expresara sin intermediarios e interpretaciones, intentando que no se imponga el relato adulto y no se instrumentalice esta grave problemática para reforzar las posiciones de poder en nuestra sociedad.

Estamos como en las guerras y en los naufragios, ante un “las mujeres y los niños primero” en un paternalismo que acepta reconocer la condición de víctima a ciertos grupos sociales a la vez que refuerza el lugar de privilegio de los sujetos hegemónicos, a ellos les permite tanto ejercer un rol de maltratador como de benefactor, pero en cualquiera de las dos opciones sin perder el protagonismo social e imponiendo el relato y la experiencia que acontece desde dicho lugar de preponderancia y poder.

Se sigue dando el protagonismo en la situación a quien tiene un estatus social a la vez que se define a quien lo sufre desde un lugar secundario, que incluso precisa la autorización del otro para que se le reconozca la condición de víctima, como si el propio sufrimiento y malestar no fuera suficiente.

La centralidad de la infancia y de sus necesidades.

No hay ningún atajo para garantizar los derechos de los niños y niñas que no pase por un respeto del lugar social que representan y por un esfuerzo para desmantelar las dinámicas de exclusión social que hacen que lo que sufren y padecen no tenga una resonancia social, anulándose la transcendencia política de sus vivencias y propuestas.

A modo de ejemplo se pueden enumerar algunas medidas, que visto lo visto están muy lejos de recogerse en el texto legal que se discute.

Por ejemplo, en el Estado español las personas menores de edad tienen responsabilidad penal a partir de los 14 años (hay algunos grupos que incluso piden que se baje) ¿Qué pasaría si tuvieran derecho a voto también a los 14 años? ¿Cómo esta posibilidad modificaría la percepción de los jóvenes y adolescentes por parte de los gobernantes? ¿Qué inconvenientes habría en reconocer su derecho de interlocución directa con el sistema democrático?

O, se acaba de aprobar el ingreso mínimo vital. ¿Qué razón justifica que no se pueda solicitar hasta los 23 años? A los 18 años si se tienen hijos, ¿Es la condición adulta de padre/madre lo que otorga derecho y no la de hijo/a? ¿Por qué no se puede utilizar el ingreso mínimo vital para financiar procesos de emancipación y autonomía de la gente joven? ¿Cuántas situaciones de violencia podrían evitarse si los y las jóvenes tuvieran recursos públicos para abandonar el espacio de convivencia familiar y no dependieran de un mercado laboral que los penaliza?

Y respecto a los cuidados para la infancia: Durante estos meses ha habido una inversión pública necesaria e impresionante con el tema de los ERTES para sostener en el impás la estructura del mercado y del trabajo asalariado. ¿Por qué no se ha invertido directamente en los niños y niñas y en sus familias? ¿Por qué las condiciones materiales de las criaturas han de ir mediatizadas por la participación de sus adultos en el mercado laboral? ¿Una ley integral no debiera proteger a los niños y las niñas de las vicisitudes de una economía neoliberal.?

Se podrían plantear medidas como transferencias monetarias mensuales por menor a cargo, o permisos parentales largos y adaptados a las necesidades de las familias, u otras medidas de carácter fiscal como desgravaciones significativas de vivienda, educación, etc. ¿Por qué una ley integral de protección para la infancia ha de mirar más al Ministerio de Interior que al de Hacienda?

El Estado no garantiza la sostenibilidad de los trabajos de cuidado a la infancia, ni siquiera la lactancia más allá de las exiguas 16 semanas, y en todo caso, los permisos son subsidiarios de la participación en el mercado laboral y no emergen de un reconocimiento claro de los derechos y necesidades de la infancia, ¿Va a obligar esta ley al Estado a dar recursos directos a las personas que quieran estar disponibles para acompañar los procesos de cuidado y crecimiento saludable de los niños o niñas? ¿El desamparo que ocasiona la explotación laboral no es los suficientemente “violento” como para merecer un apartado en la ley?

Estas medidas, y otras muchas que se pudieran plantear en el ámbito de la educación, de la sanidad, del urbanismo, de la política, etc. tendrían el efecto de aportar valor a la infancia, a lo que viven y a lo que representan, y como no puede ser de otra manera, supondría poner en cuestión ciertos privilegios y dinámicas sociales hegemónicas, pero una verdadera protección a los niños y las niñas y a las adolescentes pasa por un cambio de paradigma que debiera impulsarse desde una ley que pretende ser integral, y que no debiera conformarse solo con medidas superficiales.

Los abusos sexuales, un punto de partida que despista el camino.

El anteproyecto de Ley que se presenta es un punto de partida y no un punto de llegada y se reconocen las buenas intenciones de la gente que ha estado detrás, pero es que, incluso obviando el pretencioso título de “integral” y asumiendo que es una ley paliativa de las graves y dolorosas consecuencias que tiene la violencia y el abuso para la infancia, no parece ni siquiera que la ley vaya a participar de una concepción amplia y compleja de la violencia que sufren las niños y niñas.

Seguimos determinados por la visión abstracta de la inviolabilidad de la infancia, como si los niños y niñas no fueran de este mundo y no entraran en relación con las situaciones reales que viven junto con sus familias.

La pobreza, la explotación la laboral de sus padres y madres, las angustias por las hipotecas y por los desahucios… todo eso se expresa en violencia hacia la parte más debilitada de los sistemas familiares, los niños y las niñas.

En la medida que no existe un compromiso de la administración y del Estado respecto al cuidado y respecto a garantizar las condiciones materiales para la vida saludable, se debiera asumir que una parte de la responsabilidad de las situaciones de malestar y violencia, que terminan cristalizando en abusos a la infancia, es social.

Es una simplificación la dualidad culpable/víctima o el tratamiento del abuso como si fuera un problema de salud de mental de psicopatía/trauma. Nos aleja de las causas y de las soluciones.

Además, si entre todos los abusos y violencias privilegiamos las de índole sexual, tendemos a leer el problema desde un lugar moral que enmascara todavía más las causas estructurales de la situación.

La gravedad de los hechos violenta nuestro propio sistema de valores y creencias, escandalizándonos y perdiendo la perspectiva holística de la complejidad de las situaciones de abuso, y sobre todo, la vivencia propia de niño o niña que la sufre y que ha de restaurar su integridad a partir de los elementos que han poblado su situación.

El aislamiento, la negación y el juicio moral les suele dejar en un lugar sin asideros y claves para ir transformando su vivencia hacia la conquista de un bienestar propio y disfrutable.

La gran ausente: la violencia institucional.

Si analizamos los elementos violentos de la normalidad, incluso aquellos que son explícitos y están recogidos en protocolos de funcionamiento de las instituciones para la infancia, vemos que el Estado, además de vigilar el maltrato y el abuso que se pueda dar en el ámbito doméstico, tiene mucho trabajo por hacer en su propia casa.

Por poner unos ejemplos…si analizamos los protocolos de nacimiento en los hospitales ¿Está catalogado como abuso a la infancia separar al bebé recién nacido de la madre en el momento del nacimiento si no hay razones médicas que lo justifiquen? ¿Está ley integral va a legislar al respecto?

O la gestación subrogada, una ley integral de la infancia tendría algo que decir respecto al abuso que supone para un bebé o una bebé ser convertida en un objeto de consumo y ser vendida, con la consiguiente usurpación de la experiencia de madre que supone este hecho de mercantilización de la vida. ¿Podría servir la Ley Integral para impedir que la gestación subrogada tuviera anclaje en nuestro sistema jurídico?

Y en la educación, ¿Esta ley va a garantizar que no se abuse de la infancia en jornadas interminables de escuela y extraescolares, de deberes y actividades que no dejen espacio para la libertad y el juego?

La famosa figura de responsable de bienestar en los colegios (por la que se están peleando educadores sociales y trabajadores sociales como si lo más importante de esto fuera el nuevo yacimiento de empleo) ¿Se va a encargar en hacer en que los diferentes agentes educativos se confabulen en el bienestar de los niños y niñas?

Es violencia que cada profe vaya a su aire dando su materia y mandando al despacho del director o de la directora todo aquello que no le encaje en el aula, para un posterior tratamiento disciplinario. ¿Tiene algo que decir la Ley Integral respecto a los castigos, las expulsiones, los expedientes, etc. y otros elementos que pueblan el sistema educativo y que violentan la cotidianidad de tantos jóvenes y adolescentes? ¿Va a contemplar esta ley como abuso la expulsión continuada de los institutos de chavales que no encuentran su lugar dentro de la escolarización obligatoria y van empalmando medidas disciplinarias continuadas fabricándose desde el sistema una dinámica de abandono escolar?

O el maltrato institucional inherente al propio sistema de protección a la infancia, basado en una dinámica extractiva de los niños y niñas de su lugar de origen, que no ofrece alternativas restauradoras del bienestar y que se queda en promover espacios institucionales de socialización artificial, muchas veces incluso con dinámicas carcelarias, con protocolos conductuales que a la mínima suponen un encierro y una vulneración palmaria de los derechos de las personas menores de edad atendidas.

No hay más que analizar la situación de los niños y niñas migrantes que terminan viviendo una agresión a sus proyectos personales de migración al quedar atrapados en una red de protección que les cobija pero que no les garantiza una autonomía y viabilidad más allá de la institución.

¿Qué tiene que decir una ley integral de la infancia respecto a la institucionalización de los menores, respecto a los criterios subjetivos y con sesgo cultural de las retiradas de tutelas?

Debiera ser fundamental el ejemplo institucional respecto a la exquisitez en los procedimientos y servicios públicos destinados a las personas menores de edad, algo que estamos de lejos de conseguir, y que esta ley no parece que vaya a poner en cuestión, e incluso apunta en sentido contrario al promover la extensión de la condición de “autoridad” a ciertos profesionales.

Esto se puede entender como una forma de blindar negligencias y malas prácticas, de manera que la versión oficial va a prevalecer frente a cómo puedan percibir la situación las personas afectadas.

Cierre

Solo decir que algunos pensamos que la infancia no va a estar más cuidada por estar más vigilada y por tener sus procesos más judicializados.

Se avanzará en la medida que seamos capaces de construir una sociedad más tierna y entrañable en la que los niños y las niñas puedan ejercer sus derechos con autonomía y determinación, sin pedir permiso, con un sentimiento de pertenencia por ser quienes son, en una experiencia cotidiana de bienestar al percibir que sus necesidades están atendidas, cubiertas, y que se ponen los medios necesarios para que así sea, siempre.

Ojalá la ley que surja de este Proyecto de Ley sea un avance en este sentido, y el texto definitivo disipe las dudas y el escepticismo que ha generado esta primera puesta en escena.

Mis mejores deseos al respecto.

 

Comentarios

  1. Muchas gracias por poner palabras a mis pensamientos. Creo que si este ante proyecto de Ley sirve para debatir sobre todo lo que abarca estos temas.. pues es un paso mas..Hay tanto que analizar...Te añadiría algo que me ha sucedido hoy mismo. He acompañado a un menor a denunciar, pero para que lo hiciera solo, por su edad. Resulta que le dejan en la calle con sus bolsas, en una discusión grupal de quien entraba primero y viendo gente que le reconoce,después dos horas esperando la cola,sin preguntar si tiene hambre , que necesitas, etc, declara en el mismo lugar que otros y estos escuchan lo que relata, sin intimidad ninguna,( las mujeres por violencia de género suben a otro espacio específico) sin apoyo emocional,y repitiendo cosas que ya esta dichas en el informe que les entrego, pero lo peor, es que aunque nosotros hemos tardado tres horas en acceder a las mesas de denuncia, el padre aparece ahí mismo, atravesando tres estancias en segundos, aumentando la tensión y terror del menor. Sin mas comentarios

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    1. La justicia y el cuidado han de ir sí o sí vinculadas, ya que si no está el riesgo que se prescinda de una para salvaguardar lo otro aumentando la vulnerabilidad de la situación. Gracias por tu comentario.

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  2. Con tu análisis me has permitido incorporar el drama que supone la falta de protección real de la infancia y la adolescencia a mí consciencia como ciudadano. Así como sospechar la envergadura del problema y de sus consecuencias para estas personas y para la sociedad.
    Muchas gracias

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    1. Gracias a tí, hablar de adultocentrismo o adultocracia tiene una implicacionees políticas serias y densas, y muchas veces, ni se contemplan o se abordan desde la superficialidad. Un saludo.

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  3. Los menores sin referentes terminan causando graves problemas, a ellos mismos y a la sociedad.
    Es fácil decir educación, acompañamiento, felicidad, incluisión, pero es un reto que hoy x hoy no se consigue. El coste económico y social de las politicas sobre la infancua actual es muy alto sin que se trasponga en un beneficio vital para los menores afectados

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