Fotograma de la película "la cinta blanca". M.Haneke. 2009.
El contexto.
Empiezo compartiendo la sensación
agria de ir de pitufo gruñón en un
momento que pudiera ser de celebración, de hecho puede que lo sea a juzgar por
el entusiasmo y alegría que ha supuesto la aprobación por el Consejo de
Ministros del Proyecto
de Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la
Violencia, después de muchos años de trabajo e insistencia de asociaciones
y entidades de apoyo a la infancia, que veían la necesidad, con urgencia, de
dar amparo legal a las situaciones de vulneración de derechos de las criaturas.
Es un proyecto de ley que aún
tiene que tener un largo recorrido legislativo, por lo que espero que mi
posición de preocupación y desencanto se vaya matizando con el paso de las semanas,
y que las entidades implicadas no se dejen contagiar por el aire triunfalista y
propagandístico del gobierno de turno y no cese el trabajo para ir mejorando, ampliando
y matizando los postulados en los que se sustenta esta propuesta.
En mi caso no puedo evadirme del
contexto concreto en el que estamos, momento de desescalada e implementación de
una nueva normalidad, que casualmente,
si se caracteriza por algo es por estar obviando, ninguneando e incluso
violentando a la infancia y a sus necesidades.
Jaume Funes expresaba
en un tuit reciente “Algunos se
enfadan por las comparaciones… pero es para no reconocer que ocuparse de la
infancia nunca es prioritario, nunca se buscan soluciones imaginativas de
urgencia. Empiezan a discutir una ley contra los maltratos olvidando que el
mayor de ellos es el olvido”.
No es momento de profundizar
sobre ello, pero es de sentir común que después de tener las terrazas de los
bares abiertas, los campeonatos de fútbol a todo trapo y planificadas las
entradas de los turistas, los niños y las niñas siguen encerradas en el armario
de los trastos olvidados.
Ni siquiera un confinamiento con
tiempo y pausa ha servido para tomar conciencia de la realidad infantil e
integrarla en la nueva propuesta social.
El debate de la educación empieza
a darse ahora, y más respecto a las condiciones sanitarias de los colegios y la
protección de los y las trabajadoras que respecto a las necesidades de acogida
y socialización de la infancia.
Los parques siguen cerrados, las
medidas para la compatibilización del trabajo asalariado con las responsabilidades
de cuidado siguen sin estar en agenda, e incluso, las propuestas de verano para
los niños y las niñas se están configurando de manera subsidiaria a las
necesidades del mercado laboral, dejando poco lugar para el disfrute.
Como decía Ana
Requena, que el mundo gire que ya cuidan las mujeres, y añado yo, en el
argot ciclista, que los niños y niñas sigan chupando
rueda.
Y en este contexto de vulneración
de los derechos teóricamente consolidados de la infancia, el derecho a la
educación, el derecho a recibir cuidados y amparo, el derecho al juego y al
disfrute, aparece la noticia de la aprobación del Proyecto de Ley de
Protección, sin saber muy bien si lo que se busca es un efecto mediático que
eclipse todo lo anterior, o si por lo contrario, realmente se piensa que esta
ley es la herramienta necesaria para garantizar el amparo y protección de los
niños y niñas en este país. No sé muy bien lo que es peor…
Protección integral.
Llama la atención que después de
estar unos meses viviendo con intensidad la relación con la infancia, conviviendo
con ella como nunca y apropiándonos de nuevo de las dinámicas de cuidado que estaban
delegadas y externalizadas, un momento en que la experiencia común ha sido la
percepción de la infancia como un lugar de encuentro y de vertebración social,
los políticos la pongan en el debate público en términos de abusos y de violencia.
Asociar protección y violencia
lleva a una concepción de la seguridad basada en el riesgo, y en el delito, que
precisa actuaciones policiales y de vigilancia, antes que una seguridad basada
en la atención de las necesidades y los derechos sociales, que por tanto
precisaría políticas de cuidado y de vertebración comunitaria.
Esto puede valer para un Código
Penal, pero es una aberración en una propuesta de ley que pretende ser de
protección Integral.
Obviamente existe violencia hacia
la infancia, y mucha de ella está oculta, y supone destrozo de la niñez y mucho
malestar y sufrimiento para las criaturas, pero esto no quita que sea un error
grave motivar una propuesta legislativa desde ahí.
Definir a la infancia desde este
lugar y promover que el diálogo social se dé en este marco, que si abusos sí o
no, cuando sí cuando no, grados de violencia, culpables o inocentes, denuncia,
vigilancia, etc. es reduccionista e incluso puede ser contraproducente por
despistar la atención de lo importante.
El discurso penal, que esconde a
los niños y niñas detrás de los hechos y los responsables, nos despista del
espacio social que ha de ocupar la infancia y obvia las causas estructurales de
la vulneración de derechos, cuando la mayoría de las situaciones de violencia
emergen de ahí, de una privación previa.
El Estado, además de vigilar el
cumplimento de los deberes y obligaciones con respecto a los niños y las niñas,
debiera ser garante de los derechos de los mismos más allá de ajustar cuentas,
posibilitando las condiciones necesarias para que las responsabilidades de cuidado
se ejerzan con solvencia dentro y fuera de las familias.
Si esta Ley se presenta como una
Ley de Protección Integral, debiera ir más allá de modificar
ciertos elementos anacrónicos y adultocéntricos que perduran en la legislación
respecto a los delitos contra la infancia, para los que una modificación seria
y rigurosa del Código penal y de la Ley Enjuiciamiento Criminal hubiera bastado
para ello (modificaciones necesarias respecto a penas, atenuantes y agravantes,
prescripción de delitos y papel de los niños y niñas en los procedimientos,
etc.) En cualquier caso significaría un importante avance garantista para el
marco normativo, pero sería pretencioso y sensacionalista adjetivarlo como
“integral”.
En el caso que nos ocupa, se
habla de una ley Integral para luego reducirse a definir un lugar para infancia
descrito por la vulnerabilidad y victimización.
Prevalencia adulta.
Se promueve un ensalzamiento de
las figuras adultas, principalmente los profesionales, como elementos de
protección y vigilancia (como si fuera lo mismo) de manera que se asume como
realidad inmodificable que la relación es de jerarquía.
Son los adultos y adultas los que
pueden asumir la posición de maltratadoras o de vigilantes, pero en todo caso,
el bienestar de la infancia va a estar de nuevo subordinado a que se dé un rol
u otro, si bien se reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos, éstos
quedan siempre a merced de la gestión adulta que se haga de los mismos.
La ley que se proyecta no ayuda a
construir un marco social de ejercicio directo de los derechos, y las obligaciones,
de los niños y niñas, de manera que sea su propia agencia, su propio
protagonismo, su emergencia como agentes políticos de primer orden lo que les a
un lugar social visible, valorado, reconocido, y por tanto de protección.
Vigilancia y denuncia.
Se habla que el tema de la
violencia hacia la infancia debe de dejar ser un asunto privado para estar en
el espacio público y que es responsabilidad de todas hacernos cargo de esta
realidad. No puedo estar más de acuerdo.
El problema está que parece que
la manera que promueve esta ley de trasladar a lo público la violencia contra
la infancia es de vigilancia y denuncia y no de cuidados.
De alguna forma este proyecto de
ley transmite que el abuso hacia los niños y niñas es una realidad con la que
vamos a convivir, y no tanto susceptible de transformación, y que por tanto a
lo más que podemos aspirar es a que los culpables cumplan su condena, pidiendo
una colaboración ciudadana para que el sistema penal funcione mejor.
Y si para ello hay que
instrumentalizar, y desnaturalizar, servicios públicos como escuelas, centros
de protección, centros sanitarios, para que funcionen como oficinas externas de
los juzgados, no pasa nada porque la gravedad del asunto hace que merezca la
pena.
Todos y todas hemos visto como en
este confinamiento las ansias de ejercer la ciudadanía desde el juicio y la
denuncia son muchas, hemos visto como policías de balcón llegaban a insultar a
sanitarias que iban a hacer su trabajo, desde un lugar de superioridad moral, y con
un sorprendente anhelo punitivo.
¿Realmente estamos seguras que configurar
una sociedad vigilante no va a tener el efecto contrario de esconder todavía
más las situaciones de abuso y violencia que nos preocupan? ¿No se puede estar induciendo la
absoluta opacidad las prácticas de los abusos y de
los maltratos reforzandose el ámbito privado como el espacio de impunidad, en la
medida que éste tiene más dificultades legales de ser controlado y vigilado, con
la consecuencia de recluir más si cabe a los niños y niñas que sufren la
violencia?
Violencia y exclusión social de la infancia y de la adolescencia,
también en esta propuesta de Ley.
El problema principal no es el
mal que se hace a los niños y niñas, si no que los niños y niñas están en un
lugar de exclusión social en el que da igual lo que pase.
Y es muy peligroso que esta ley
promueva que solo se abandone ese lugar social oculto e invisible de la mano de
la violencia y el maltrato.
Es un error que la participación de
los niños, niñas y adolescentes en el sistema social sea consecuencia de la
condición de vulnerabilidad que les otorgamos, porque de esta manera, pese a
que se haga una gestión cuidadora y restauradora del daño, (que no siempre será
posible por falta de medios y por falta de competencias de las instituciones y
profesionales responsables), se afianza esta condición de inferioridad,
desigualdad y victimización.
Además, si el tratamiento que se
promueve va vinculado a un proceso penal, o de retirada de tutela, se dará en
un marco netamente adulto (la racionalidad de vincular hechos con delitos y
posteriormente con medidas de separación, o penas) que nada tiene que ver con
la experiencia infantil, mucho más sensorial, emocional, integral y
transversal.
Cuando la violencia aparece en
un lugar central de la sociedad todo funciona, es visible, el sistema penal
actúa, los medios de comunicación lo recogen, y la opinión pública se
posiciona, y por lo contrario, cuando la violencia acontece en los márgenes se
da un proceso absoluto de invisibilización y ocultación.
Estamos en plena lucha política
por el simbolismo del asesinato de George Floyd, con la imprescindible campaña #BlackLivesMatter,
también en prensa ha aparecido la confirmación del asesinato
de Iliass Tahiri, en el centro de la fundación Ginso en Almeria , y la
muerte sin aclarar en la comisaría de Algeciras del gitano Daniel Jiménez
Todos ellos eran individuos,
hombres, ciudadanos de plenos derechos en países democráticos con estructuras legales
garantistas, lo que no ha impedido que se dieran las situaciones de abuso, incluso
desde el propio poder, en los tres casos han sido personas con responsabilidades
públicas, de orden y de cuidado, los supuestos agresores.
En los tres casos, negro, moro y
gitano su condición de pertenencia a un lugar social subordinado por las estructuras
racistas de nuestras sociedades ha imposibilitado la tutela efectiva de sus
derechos. Estos casos han llegado a los medios por la gravedad de los hechos,
hablamos de asesinatos y muertes, pero todas sabemos que los colectivos
racializados conviven cotidianamente con dinámicas de abusos y vulneración de sus
derechos sin que esto ponga en jaque los marcos legales de los estados
democráticos.
Incluso la experiencia concreta
de la Ley Orgánica
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a la que
sigue su estela la que nos ocupa, demuestra que no impide que las sentencias de muchos juzgados sean
benevolentes con los violadores, o que los asesinatos de mujeres sigan estando
al orden del día, sin que parezca que el tratamiento policial y penal del tema
esté ayudando demasiado.
Nada hace pensar que con los
niños y las niñas pudiera ser distinto.
Paternalismo social para la perpetuación de la desigualdad y del
privilegio.
La existencia de las leyes especiales, de talante
penal, para los colectivos marginados, grupos racializados, mujeres y niños/as,
etc., no deja de significar que el cotarro lo siguen manejando los de siempre,
los que no se han de definir con ningún perfil concreto porque representan “el todo” y son la medida de todas las
leyes y derechos, de manera que no necesitan adjetivarse porque el marco está
hecho a su imagen y semejanza.
Hombres blancos y adultos representan
el sujeto de plenos derechos en el imaginario de la mayoría de las personas y
también de la mayoría de los profesionales que administran el sistema de
derecho, ejerciéndose un poder simbólico que puede llegar a determinar incluso
más que los propios textos legales.
Cuando un hombre blanco y adulto,
y si es rico ya de manera muy explícita, comete un delito o un abuso el sistema
llega a poder contorsionarse para ser benevolente o incluso favorecer la
impunidad.
Para el caso de los niños y
niñas, y la violencia específica que sufren, esto es fundamental.
Si la violencia la generan
personas que ocupan un lugar social privilegiado como adultas, y además con un
reconocimiento, como padres, como profesores, o como educadores, en un estatus reforzado
por esta ley con el adjetivo de “autoridad”, no parece que se esté ayudando demasiado
a visibilizar la problemática de los abusos.
Habría que hacer más bien lo
contrario, diluir la autoridad adulta y su situación de privilegio social para
que el malestar infantil se expresara sin intermediarios e interpretaciones, intentando
que no se imponga el relato adulto y no se instrumentalice esta grave
problemática para reforzar las posiciones de poder en nuestra sociedad.
Estamos como en las guerras y en
los naufragios, ante un “las mujeres y los niños primero” en un paternalismo que
acepta reconocer la condición de víctima a ciertos grupos sociales a la vez que
refuerza el lugar de privilegio de los sujetos hegemónicos, a ellos les permite
tanto ejercer un rol de maltratador como de benefactor, pero en cualquiera de
las dos opciones sin perder el protagonismo social e imponiendo el relato y la
experiencia que acontece desde dicho lugar de preponderancia y poder.
Se sigue dando el protagonismo en
la situación a quien tiene un estatus social a la vez que se define a quien lo
sufre desde un lugar secundario, que incluso precisa la autorización del otro para
que se le reconozca la condición de víctima, como si el propio sufrimiento y
malestar no fuera suficiente.
La centralidad de la infancia y de sus necesidades.
No hay ningún atajo para
garantizar los derechos de los niños y niñas que no pase por un respeto del
lugar social que representan y por un esfuerzo para desmantelar las dinámicas
de exclusión social que hacen que lo que sufren y padecen no tenga una
resonancia social, anulándose la transcendencia política de sus vivencias y
propuestas.
A modo de ejemplo se pueden enumerar algunas medidas,
que visto lo visto están muy lejos de recogerse en el texto legal que se
discute.
Por ejemplo, en el Estado español
las personas menores de edad tienen responsabilidad penal a partir de los 14
años (hay algunos grupos que incluso piden que se baje) ¿Qué pasaría si
tuvieran derecho a voto también a los 14 años? ¿Cómo esta posibilidad modificaría
la percepción de los jóvenes y adolescentes por parte de los gobernantes? ¿Qué inconvenientes
habría en reconocer su derecho de interlocución directa con el sistema democrático?
O, se acaba de aprobar el ingreso
mínimo vital. ¿Qué razón justifica que no se pueda solicitar hasta los 23 años?
A los 18 años si se tienen hijos, ¿Es la condición adulta de padre/madre lo que
otorga derecho y no la de hijo/a? ¿Por qué no se puede utilizar el ingreso
mínimo vital para financiar procesos de emancipación y autonomía de la gente
joven? ¿Cuántas situaciones de violencia podrían evitarse si los y las jóvenes
tuvieran recursos públicos para abandonar el espacio de convivencia familiar y
no dependieran de un mercado laboral que los penaliza?
Y respecto a los cuidados para la
infancia: Durante estos meses ha habido una inversión pública necesaria e
impresionante con el tema de los ERTES para sostener en el impás la estructura
del mercado y del trabajo asalariado. ¿Por qué no se ha invertido directamente
en los niños y niñas y en sus familias? ¿Por qué las condiciones materiales de
las criaturas han de ir mediatizadas por la participación de sus adultos en el
mercado laboral? ¿Una ley integral no debiera proteger a los niños y las niñas
de las vicisitudes de una economía neoliberal.?
Se podrían plantear medidas como
transferencias monetarias mensuales por menor a cargo, o permisos parentales largos
y adaptados a las necesidades de las familias, u otras medidas de carácter fiscal
como desgravaciones significativas de vivienda, educación, etc. ¿Por qué una
ley integral de protección para la infancia ha de mirar más al Ministerio de Interior que al de Hacienda?
El Estado no garantiza la
sostenibilidad de los trabajos de cuidado a la infancia, ni siquiera la
lactancia más allá de las exiguas 16 semanas, y en todo caso, los permisos son
subsidiarios de la participación en el mercado laboral y no emergen de un
reconocimiento claro de los derechos y necesidades de la infancia, ¿Va a
obligar esta ley al Estado a dar recursos directos a las personas que quieran
estar disponibles para acompañar los procesos de cuidado y crecimiento saludable
de los niños o niñas? ¿El desamparo que ocasiona la explotación laboral no es
los suficientemente “violento” como para merecer un apartado en la ley?
Estas medidas, y otras muchas que
se pudieran plantear en el ámbito de la educación, de la sanidad, del
urbanismo, de la política, etc. tendrían el efecto de aportar valor a la
infancia, a lo que viven y a lo que representan, y como no puede ser de otra
manera, supondría poner en cuestión ciertos privilegios y dinámicas sociales
hegemónicas, pero una verdadera protección a los niños y las niñas y a las
adolescentes pasa por un cambio de paradigma que debiera impulsarse desde una
ley que pretende ser integral, y que no debiera conformarse solo con medidas
superficiales.
Los abusos sexuales, un punto de partida que despista el camino.
El anteproyecto de Ley que se
presenta es un punto de partida y no un punto de llegada y se reconocen las
buenas intenciones de la gente que ha estado detrás, pero es que, incluso
obviando el pretencioso título de “integral”
y asumiendo que es una ley paliativa de las graves y dolorosas consecuencias
que tiene la violencia y el abuso para la infancia, no parece ni siquiera que
la ley vaya a participar de una concepción amplia y compleja de la violencia
que sufren las niños y niñas.
Seguimos determinados por la
visión abstracta de la inviolabilidad de la infancia, como si los niños y niñas
no fueran de este mundo y no entraran en relación con las situaciones reales que
viven junto con sus familias.
La pobreza, la explotación la
laboral de sus padres y madres, las angustias por las hipotecas y por los
desahucios… todo eso se expresa en violencia hacia la parte más debilitada de
los sistemas familiares, los niños y las niñas.
En la medida que no existe un
compromiso de la administración y del Estado respecto al cuidado y respecto a garantizar
las condiciones materiales para la vida saludable, se debiera asumir que una parte
de la responsabilidad de las situaciones de malestar y violencia, que
terminan cristalizando en abusos a la infancia, es social.
Es una simplificación la dualidad
culpable/víctima o el tratamiento del abuso como si fuera un problema de salud de
mental de psicopatía/trauma. Nos aleja de las causas y de las soluciones.
Además, si entre todos los abusos
y violencias privilegiamos las de índole sexual, tendemos a leer el problema
desde un lugar moral que enmascara todavía más las causas estructurales de la
situación.
La gravedad de los hechos violenta
nuestro propio sistema de valores y creencias, escandalizándonos y perdiendo la
perspectiva holística de la complejidad de las situaciones de abuso, y sobre
todo, la vivencia propia de niño o niña que la sufre y que ha de restaurar su
integridad a partir de los elementos que han poblado su situación.
El aislamiento, la negación y el
juicio moral les suele dejar en un lugar sin asideros y claves para ir
transformando su vivencia hacia la conquista de un bienestar propio y disfrutable.
La gran ausente: la violencia institucional.
Si analizamos los elementos violentos
de la normalidad, incluso aquellos que son explícitos y están recogidos en
protocolos de funcionamiento de las instituciones para la infancia, vemos que
el Estado, además de vigilar el maltrato y el abuso que se pueda dar en el
ámbito doméstico, tiene mucho trabajo por hacer en su propia casa.
Por poner unos ejemplos…si
analizamos los protocolos de nacimiento en los hospitales ¿Está catalogado como
abuso a la infancia separar al bebé recién nacido de la madre en el momento del
nacimiento si no hay razones médicas que lo justifiquen? ¿Está ley integral va
a legislar al respecto?
O la gestación subrogada, una ley
integral de la infancia tendría algo que decir respecto al abuso que supone
para un bebé o una bebé ser convertida en un objeto de consumo y ser vendida,
con la consiguiente usurpación de la experiencia de madre que supone este hecho
de mercantilización de la vida. ¿Podría servir la Ley Integral para impedir que
la gestación subrogada tuviera anclaje en nuestro sistema jurídico?
Y en la educación, ¿Esta ley va a
garantizar que no se abuse de la infancia en jornadas interminables de escuela
y extraescolares, de deberes y actividades que no dejen espacio para la
libertad y el juego?
La famosa figura de responsable
de bienestar en los colegios (por la que se están peleando educadores sociales
y trabajadores sociales como si lo más importante de esto fuera el nuevo
yacimiento de empleo) ¿Se va a encargar en hacer en que los
diferentes agentes educativos se confabulen en el bienestar de los niños y
niñas?
Es violencia que cada profe vaya
a su aire dando su materia y mandando al despacho del director o de la
directora todo aquello que no le encaje en el aula, para un posterior
tratamiento disciplinario. ¿Tiene algo que decir la Ley Integral respecto a los
castigos, las expulsiones, los expedientes, etc. y otros elementos que pueblan
el sistema educativo y que violentan la cotidianidad de tantos jóvenes y
adolescentes? ¿Va a contemplar esta ley como abuso la expulsión continuada de
los institutos de chavales que no encuentran su lugar dentro de la
escolarización obligatoria y van empalmando medidas disciplinarias continuadas
fabricándose desde el sistema una dinámica de abandono escolar?
O el maltrato institucional
inherente al propio sistema de protección a la infancia, basado en una dinámica
extractiva de los niños y niñas de su lugar de origen, que no ofrece
alternativas restauradoras del bienestar y que se queda en promover espacios
institucionales de socialización artificial, muchas veces incluso con dinámicas
carcelarias, con protocolos conductuales que a la mínima suponen un encierro y
una vulneración palmaria de los derechos de las personas menores de edad
atendidas.
No hay más que analizar la
situación de los niños y niñas migrantes que terminan viviendo una agresión a
sus proyectos personales de migración al quedar atrapados en una red de
protección que les cobija pero que no les garantiza una autonomía y viabilidad
más allá de la institución.
¿Qué tiene que decir una ley
integral de la infancia respecto a la institucionalización de los menores, respecto
a los criterios subjetivos y con sesgo cultural de las retiradas de tutelas?
Debiera ser fundamental el
ejemplo institucional respecto a la exquisitez en los procedimientos y servicios
públicos destinados a las personas menores de edad, algo que estamos de lejos
de conseguir, y que esta ley no parece que vaya a poner en cuestión, e incluso
apunta en sentido contrario al promover la extensión de la condición de
“autoridad” a ciertos profesionales.
Esto se puede entender como una
forma de blindar negligencias y malas prácticas, de manera que la versión oficial
va a prevalecer frente a cómo puedan percibir la situación las personas
afectadas.
Cierre
Solo decir que algunos pensamos
que la infancia no va a estar más cuidada por estar más vigilada y por tener
sus procesos más judicializados.
Se avanzará en la medida que
seamos capaces de construir una sociedad más tierna y entrañable en la que los
niños y las niñas puedan ejercer sus derechos con autonomía y determinación,
sin pedir permiso, con un sentimiento de pertenencia por ser quienes son, en
una experiencia cotidiana de bienestar al percibir que sus necesidades están atendidas,
cubiertas, y que se ponen los medios necesarios para que así sea, siempre.
Ojalá la ley que surja de este Proyecto
de Ley sea un avance en este sentido, y el texto definitivo disipe las dudas y
el escepticismo que ha generado esta primera puesta en escena.
Mis mejores deseos al
respecto.
Muchas gracias por poner palabras a mis pensamientos. Creo que si este ante proyecto de Ley sirve para debatir sobre todo lo que abarca estos temas.. pues es un paso mas..Hay tanto que analizar...Te añadiría algo que me ha sucedido hoy mismo. He acompañado a un menor a denunciar, pero para que lo hiciera solo, por su edad. Resulta que le dejan en la calle con sus bolsas, en una discusión grupal de quien entraba primero y viendo gente que le reconoce,después dos horas esperando la cola,sin preguntar si tiene hambre , que necesitas, etc, declara en el mismo lugar que otros y estos escuchan lo que relata, sin intimidad ninguna,( las mujeres por violencia de género suben a otro espacio específico) sin apoyo emocional,y repitiendo cosas que ya esta dichas en el informe que les entrego, pero lo peor, es que aunque nosotros hemos tardado tres horas en acceder a las mesas de denuncia, el padre aparece ahí mismo, atravesando tres estancias en segundos, aumentando la tensión y terror del menor. Sin mas comentarios
ResponderEliminarLa justicia y el cuidado han de ir sí o sí vinculadas, ya que si no está el riesgo que se prescinda de una para salvaguardar lo otro aumentando la vulnerabilidad de la situación. Gracias por tu comentario.
EliminarCon tu análisis me has permitido incorporar el drama que supone la falta de protección real de la infancia y la adolescencia a mí consciencia como ciudadano. Así como sospechar la envergadura del problema y de sus consecuencias para estas personas y para la sociedad.
ResponderEliminarMuchas gracias
Gracias a tí, hablar de adultocentrismo o adultocracia tiene una implicacionees políticas serias y densas, y muchas veces, ni se contemplan o se abordan desde la superficialidad. Un saludo.
EliminarLos menores sin referentes terminan causando graves problemas, a ellos mismos y a la sociedad.
ResponderEliminarEs fácil decir educación, acompañamiento, felicidad, incluisión, pero es un reto que hoy x hoy no se consigue. El coste económico y social de las politicas sobre la infancua actual es muy alto sin que se trasponga en un beneficio vital para los menores afectados