Ternura (1989) Oswaldo Guayasamín
Me pongo a escribir aún
conmocionado por la noticia que ha saltado en redes estos días respecto a la separación
forzada de madres y criaturas que llegaban a Canarias en su proceso
migratorio. Una separación de oficio, que se hacía a instancias de fiscalía, y
que suponía, en muchos casos, semanas de separación, teóricamente justificada
para hacer unas supuestas pruebas de ADN para comprobar la maternidad biológica
y descartar, por tanto, que los niños o niñas pudieran ser víctimas de trata.
(Como si eso fuera una prueba definitiva...)
Por suerte, y por trabajo y
activismo de muchas, esta situación en parte se ha revertido y han pasado solo
3 días y más
de 2000 retweet desde que saltó la noticia para que algunas mujeres pudieran
re-encontrarse con sus criaturas. Ha habido con una repulsa casi unánime en redes
sociales que demuestra que el sentir común está más cerca de los
derechos humanos que las leyes y que quienes las administran.
A parte de la celebración por el
reencuentro me parece importante resaltar algunas cuestiones que este caso han
puesto de relevancia, y que en la medida que se integren en el debate y en discurso
social, podremos, y debemos, transformar el marco de protección de la infancia
hacia el cuidado.
Porque aunque duela la afirmación,
la separación de la madre y sus hijos/as es algo común y frecuente dentro del Sistema
de Protección de Menores, hasta el punto de que no existen medidas de protección
que respeten a la díada madre-criatura y posibiliten mantener la convivencia,
ya sea asistida, acompañada o de cualquier otra manera que pueda servir para
restaurar los elementos disfuncionales que pudiera haber en un sistema familiar
sin privar al niño o a la niña de su vivencia de madre y de su experiencia, más
o menos precaria, de amparo, que por mucho que se diga, no tiene alternativa
institucional.
Porque un centro es un centro y
una madre es una madre. Todos los chavales y chavalas saben la diferencia.
Las personas que estamos cerca de
la red de protección sabemos que hay casos, pocos, en que la convivencia entre
familiares y niñas es muy difícil y temporalmente puede ser nociva, pero para
nada esta circunstancia justifica que la declaración de desamparo se haga siempre
a la contra de la familia y que implique una retirada de tutela y una
separación.
Esta separación siempre es
traumática, supone un daño a las niñas y a los niños y también a las madres,
por lo que tendría que ser una medida excepcional, y en los pocos casos que se
diera, tendría que venir acompañada de medidas compensatorias, recursos materiales,
profesionales y técnicos, para ayudar a reparar el daño y minimizar el tiempo
de separación.
Riesgo y desamparo
Esto contrasta con la realidad de
la ley española de protección (sin entrar ahora en extranjería, que aún
dificulta todo más) que diferencia entre desamparo
y riesgo definiendo una frontera
absolutamente artificial con efectos devastadores.
Porque el riesgo se convierte en
desamparo, y viceversa, en función de los ojos que lo miren.
Y también influyen elementos tan
ajenos a la situación social como el número de expedientes que haya encima de
la mesa, o la oferta de plazas libres y/o familias acogedoras disponibles para
asumir la guarda después de que se consume la separación familiar.
Es una frontera infranqueable y
dolorosa porque la diferencia entre una declaración
de riesgo y una declaración de
desamparo es tan brutal como la diferencia que da la posibilidad de estar con tus
hijos/as o que no puedas verles más allá de las visitas pautadas por los
directores/as de los centros de acogida o de las visitas supervisadas
(vigiladas) de “puntos de encuentro familiar”, en cualquier caso poco
frecuentes y en contextos artificiales de por sí impiden ejercitar el afecto y
cultivar el vínculo.
Por otro lado, la declaración de riesgo, sin desamparo, el
único alivio que implica es la posible postergación de momento de separación,
porque, por mucho que se diga, no hay ayudas, ni asistencia social ni
acompañamiento efectivo para que el supuesto riesgo deje de ser.
No se sale de pobre, si se adquieren
dinámicas de parentalidad positiva, de un día para otro, por muchas visitas y
entrevistas que se pudieran tener con los servicios sociales correspondientes.
Hay más probabilidad de caer atrapado/a en un marco de prestaciones y
contraprestaciones que de revertir la situación de riesgo y mejorar la
situación.
Además, ese marco de prestación/contraprestación
no hace más que intensificar los mecanismos de control y por tanto la percepción
de alarma, porque en la medida que la realidad no mejora y se cronifica, se aumenta
el riesgo de que la situación derive en una declaración de desamparo, con la consiguiente
retirada de tutela.
De esta forma la atención al
riesgo tiene el efecto de enfrentar a las familias a la acción de los servicios
sociales, porque en modo alguno los perciben como un recurso para mejorar su
situación, y por otro lado ven cada vez más cerca la posibilidad de que sus
hijos/as sean sustraídos por el sistema.
Así, conforme la situación de la
familia empeora y más necesidades tienen, más importante es alejarse de la
dinámica de control de los servicios sociales si quieren conservar a sus hijos,
y de esta manera se pierde la poca o mucha ayuda que pudieran suponer, dificultándose
cada vez más el amparo de los niños y niñas a cargo.
Protección, amparo y apego.
Claro que hay niños y niñas en
situación de vulnerabilidad que sufren un ejercicio de guarda precario por parte sus madres y padres, y claro que se
necesita un modelo de protección de niños y niñas que compense desigualdades
sociales y garantice los derechos de las criaturas, pero no debiera ser un modelo
edificado en contraposición a la experiencia de familia de la infancia.
Ni abandono institucional efectivo
de las situaciones de riesgo, ni separación y retirada de tutela como única manera
de garantizar por parte de la administración el cumplimiento de los derechos de
la infancia. Susto o muerte.
Y para ello, como demuestra el
caso de Gran canaria hay que partir de cero.
Si en una situación que nos
conmueve a todos y todas, en un drama que duele, que percibimos de forma general
como una desprotección y vulnerabilidad absoluta, nuestro sistema lo resuelve
con una separación madre-criatura, tenemos un problema muy grave de fondo.
No hay excusas más allá del racismo
estructural. Estamos ante el caso de mujeres, madres, que ponen su vida en
riesgo junto con sus bebés en un proceso migratorio por la supervivencia, que
llegan a nuestras costas absolutamente desamparadas, sin dinero, desnutridas,
solo con su cuerpo al servicio del cuidado y del amparo de sus criaturas. Y a
estas madres se les está separando de sus hijos e hijas.
Analizar a fondo el
funcionamiento del sistema de protección no da para un post de este blog, pero
sí que hay que llamar la atención respecto a la minusvaloración que se da del
vínculo de la madre criatura y apuntar a que las alternativas han de ir por
ahí, por mimar ese vínculo como factor de protección.
Últimamente se habla mucho de
resiliencia, y aunque la vendan como un toque mágico de hada, tiene más que ver
con los procesos psico-afectivos de los primeros meses de vida, que se denostan
sin pudor en el sistema de protección.
El vínculo como objeto de protección.
¿Alguien piensa, como en el caso
de Canarias, que las necesidades de un bebé son diferentes a las de su madre?
¿Alguien piensa que se puede cuidar y amparar a una criatura sin amparar a su
mamá? ¿Y por qué no se hace a la vez entonces?
¿Por qué no tenemos un modelo de
protección que proteja el VÍNCULO, de manera que el cuidado de la madre y el
amparo de la criatura sea una consecuencia de cuidar la relación, desde lo
material, desde lo afectivo y desde lo social?
¿Qué sentido tiene enfrentar una
situación de carestía, de precariedad y de privación de un bebé a la situación
de pobreza y exclusión social de la madre? ¿Por qué no juntas...?
Y es que igual que el ejercicio
correcto de la patria potestad
permite la
posibilidad de un padre ausente, proveedor material, pero exento de vínculo y de
relación, tenemos un sistema de protección patriarcal y masculinizado que sustituye
la figura del padre por la del Estado, con sus instituciones y centros, que es
también funcional sin apego y sin vínculo, incluso con maltrato.
Desde una visión patriarcal y de
género, la díada madre criatura es carente por definición, lo que ahí acontece
no vale nada, el espacio de cuidados no es un lugar valioso para habitar, el
afecto, el amor, son cosas feminizadas, prescindibles, que en una situación de
emergencia se pueden comprometer y subordinar a un bien superior.
Un Estado que ha firmado todas
las convenciones sobre derechos de la infancia se siente legitimado para privar
a una criatura de su madre porque teóricamente le da todo lo demás, en una prepotencia
absoluta, porque no hay nada más valioso que lo que se está usurpando y deslegitimando.
En alguna conversación con técnicos
de menores, me decían que sentían que estaban haciendo un regalo a los niños y
niñas cuando les proporcionaban una vía alternativa de desarrollo al margen de
su familia biológica.
Para estos profesionales no podía
compararse la vida que le esperaba a una criatura por la vía de la adopción,
con una familia normalizada, con recursos, frente la vida que le podía dar su familia
de origen, empobrecida e insolvente, a su juicio, para sostener un proceso de
crianza viable, lo que iba desembocar en una dinámica de entradas y salidas de
centros y de familias acogedoras muy poco saludable. (La fe en el sistema de protección
por parte de los profesionales aún es menor que la que tienen las familias. Tenemos un sistema que solo es valorado como positivo por las empresas que lo gestionan)
La separación se ve siempre como
la mejor solución a futuro. Pero desde esta óptica, nadie estaba viendo la
madre, ni el daño que su ausencia implica en la experiencia de la criatura.
Un daño grave, profundo, que se
da también en los casos de separación temprana, con compra/venta de bebés de la
gestación subrogada, máxime si la separación se da después de un parto natural,
de una lactancia, de un porteo, rompiendo un vínculo que, más o menos
precario, va a ser fundamental para esta criatura a lo largo de su vida.
Un vínculo que, en nombre de la
protección de menores, se extirpa a cambio de regalar una “familia” sustitutiva
que borra el rastro de la injusticia, o a cambio de participar en un modelo patológico
de centros basados en estructuras de encierro, de marcos normativos y de pedagogías
conductistas.
Cultura perinatal.
La única explicación más allá de
las causas estructurales, racistas y patriarcales, es la absoluta carencia de
formación y sensibilidad perinatal de la mayoría de las personas profesionales
que desde el sistema policial, judicial o de los servicios sociales gestionan
estos casos.
Igual que allá por 2008 las
compañeras de “El parto es nuestro” tuvieron que impulsar la campaña “que no os separen” , porque hasta
en el ámbito de la atención al nacimiento había un desconocimiento de la
fisiología del apego, y en base a unos protocolos absurdos, como pesar y medir
a bebé, u otras acciones que perfectamente se podían hacer con la criatura
sobre el pecho de la madre, se separaba la mamá del recién nacido (mucho habría
que recuperar de esta campaña para combatir ciertos protocolos COVID en los
paritorios) violentando y dañando el proceso saludable de nacimiento y
encuentro, pues de la misma manera habría que impulsar una campaña “que no os separen” dentro de marco de
protección de la infancia.
De forma que todo el mundo sepa
lo que vulnera y lo que mutila cuando, por un procedimiento administrativo o
judicial, se termina separando a un niño o niña de su familia.
Siguiendo con la analogía, igual
que con la campaña de “cesáreas inne-cesarias” se explicitó que muchas de las
cesáreas eran consecuencia directa de un mal hacer profesional en la atención
al parto, de interferir en los procesos de nacimiento normales, también hay
muchas retiradas de tutela innecesarias,
que se dan por violentar las dinámicas relacionales de sistemas familiares
precarios y empobrecidos.
Todo esta además desde una visión paternalista, colonialista y
racista que da más valor al modelo ideal provisto por la institución que a la
realidad de convivencia de la familia, que se podría apoyar y acompañar.
Judicialización de la protección
Esta cultura perinatal es
fundamental, también, para que no pase como en los casos de violencia machista,
que después judicializarlos, se encuentran en los juzgados con sentencias
misóginas que llegan incluso a invalidar todo el proceso y el esfuerzo de una
mujer que ha hecho pública su situación de malestar, con todos los riesgos
añadidos que esto implica.
Que las retiradas de tutela se
hagan en sede judicial y que no sea un procedimiento administrativo opaco y
con muy pocas posibilidades de enmendarlo por parte de las familias, es una
reivindicación histórica de las personas afectadas, de asociaciones y de colectivos
de apoyo a la infancia.
Pero o se pone al sistema judicial al servicio del
vínculo y de las necesidades de la infancia, o tendremos el mismo maltrato en
forma de sentencia.
No sería mala idea impulsar
conjuntamente la feminización del sistema judicial y la formación de jueces y
fiscales en cuestiones de género (desde una visión inclusiva de la maternidad), con la formación en cuestiones perinatales y
de vínculo. Que pudieran tatuarse en las togas las teorías del apego Bowlby
para entender que administrar derechos no es igual que administrar necesidades.
Aunque vivamos en un contexto que
prima el individualismo, y por tanto los derechos individuales, en el caso de
protección de criaturas tenemos que hablar de sujetos y derechos colectivos.
El sujeto y el objeto a proteger
es la díada, en edades tempranas, y la familia. Existe una dinámica
de interdependencia que hace que privilegiar los derechos del niño o niña a la
vez que se vulneran los de la madre o de otras adultas de referencia, sea irresponsable
y contraproducente.
Esto es urgente y hay mucho
camino por hacer, pero por lo que se nos viene con la famosa
Ley Rhodes y otras iniciativas, cada vez más dificultades y problemáticas
relativas a la infancia se van a dirimir en los juzgados, por lo que más nos
vale que hagamos de ellos un espacio lo más entrañable posible.
Aunque mezclar leyes con
ternura es como mezclar agua con aceite, no nos va a quedar más remedio que
posicionarnos con fuerza en este escenario, o en su defecto, denunciar sin tregua
la vulneración sistemática de los derechos de los niños y las niñas y las madres.
Y, a veces, como la razón y el
sentir común está de nuestro lado, se puede conseguir alguna victoria como ha
pasado en Canarias, con una gran importancia simbólica, que hace no perder la
esperanza en la capacidad entrañable y cuidadora de nuestra sociedad.
#QueNosOsSeparen
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