14 Kilometros en los que ahogan personas y derechos.
Sirva este texto para marcar huella,
para ser testigo efímero de un nuevo episodio en la vulneración de los derechos
de la infancia por las políticas racistas y colonialistas del Gobierno Español.
Habrá más, y seguiremos enfrente.
La huella firme que deja el
maltrato institucional, la huella profunda de la sinvergonzonería política, la
huella de la resistencia, y sobre todo la huella del sufrimiento y del malestar
de un montón de niños y niñas que, de nuevo, son instrumentalizados por
intereses ajenos aumentando sus currículums de desamparo y violencia.
Los veranos de campo y playa,
cuando se supone que la opinión pública está con la atención puesta en cosas
frívolas e intrascendentes, son aprovechados por el poder para acometer
acciones de dudosa legalidad con el afán de que el descanso estival y el
frenesí del disfrute puedan modular la indignación y ayudar a pasar página. Más
este año, que después de lo que llevamos pueda parecer que no queda cacho para
amargarse por el dolor ajeno.
Pero el dolor de la infancia
nunca es dolor ajeno y como dice Javier de Lucas en su artículo
de infolibre. “Los
derechos de los niños, su garantía eficaz, son más que una cuestión de Estado:
marcan la línea entre civilización y barbarie”
Y menos
mal que lo tienen muy claro las entidades y asociaciones de apoyo y solidaridad
con la infancia migrante que, con una asombrosa celeridad y diligencia, han
puesto en jaque a todas las instituciones y, al menos, han robado algo de
tiempo para poder impedir este atropello.
Noticias y
artículos de prensa contando y analizando unos hechos que escandalizan a las
que tenemos algún conocimiento en protección de “menores” y a todas las
personas con sensibilidad hacia las infancias y su sufrimiento.
Queda
mucho trabajo por hacer, y aunque esta vez la ley esté de nuestro lado, sabemos
que en extranjería nunca se pueden lanzar las campanas al vuelo.
Lo que ya
se ha conseguido es obligar a que las instituciones que tienen la
responsabilidad de garantizar los derechos de los niños y la niñas no se pongan
de perfil y tengan que manifestar su estupefacción cuando desde el Ministerio
de Interior se promueve una actuación de evidente ilegalidad que les pasa por
encima. Con el foco puesto será más difícil el disimulo y la connivencia con
medidas que no solamente tienen como consecuencia la violencia y el maltrato
institucional a una infancia ya violentada, sino que también suponen una
amenaza sin precedentes al ordenamiento jurídico del que forman parte
sustancial.
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Recapitulando
un poco, por si alguna persona le pilla fuera de onda, este nuevo capítulo de
violencia institucional hacia la infancia comenzó cuando desde el Ministerio de
Interior, en base a un acuerdo con Marruecos, se instó a
devolver/expulsar/repatriar a los niños y niñas (unos 800) que habían entrado
en Ceuta en la última crisis migratoria, crisis originada porque Marruecos
relajó un poco su represión en la frontera, como llamada de atención para que
el Gobierno de España afinara su política en base a los intereses comunes sin
despistarse por otras cuestiones de índole europea. Los niños y niñas de nuevo
como peones en el juego geoestratégico siempre definido por los intereses
económicos antes que de por cuestiones humanitarias.
Pero las
expulsiones colectivas están prohibidas por la ley de extranjería (y no es que
tengamos una ley de extranjería muy amable, que digamos), la prohibición se
deriva tanto de la Convención de Derechos de la Infancia como de la Constitución
Española, que obliga a que en cualquier procedimiento con personas menores de
edad se garantice el “bien superior del menor” además de una tutela judicial
efectiva de sus derechos. Así queda recogido también además en las Leyes Orgánicas
1/1996 de Protección Jurídica del Menor y la flamante 8/2021 de Protección
Integral a la Infancia, de la que tanto presume este Gobierno.
Esto es,
no se puede actuar sin evaluar cuales van a ser las consecuencias para el niño o la niña. No se puede actuar si no se puede garantizar el bienestar futuro, y tampoco
sin escuchar a la persona menor de edad, o a sus representantes, para que, si así
lo valoran, puedan oponerse al procedimiento de repatriación.
Y en
cualquier caso, guste o no, si hay desamparo aquí o en el país de origen, la
administración pública está obligada a asumir la tutela para garantizar el
cuidado y los derechos. Es la situación del niño, la niña o la adolescente la que obliga a la
protección, nunca la arbitrariedad de las administraciones.
Como es
obvio, todo es esto es imposible de evaluarlo de manera colectiva, en grupo, en
pack, como si de un lote industrial se tratara.
Se precisa
un estudio individualizado y pormenorizado de cada persona, un expediente
administrativo que exige un informe de fiscalía, un informe del país de origen
y un procedimiento específico para cada niño o niña por parte del órgano competente en protección de menores de cada comunidad autónoma.
Y se precisa
del trámite de audiencia a la persona menor de edad, con asistencia de un
abogado/a o el nombramiento de un defensor judicial, especialmente importante en
los casos de repatriación en los que hay conflicto de tutela, máxime cuando no
es evidente que se pueda asegurar el bienestar y la seguridad en el país de
origen.
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Pues en el
caso de caso de Ceuta, ni fiscalía de menores, ni el servicio autonómico de
protección de menores, sabían nada.
No ha
sido, como quieren hacen creer, un problema del procedimiento, directamente es
que han pasado de él, no se ha cumplido ninguno de los pasos que marca ley Orgánica
4/2000 de extranjería y que fueron subrayados por mandato de Tribunal
Constitucional en 2008 en la sentencia 183, gracias al recurso de amparo de
Nacho de la Mata, en que se denunciaba la vulneración del derecho de la tutela
judicial efectiva en otros procedimientos irregulares de expulsión, entonces
bajo el gobierno de Zapatero.
El
Ministerio de Interior, y por tanto el Gobierno de España, se salta el artículo
24 de la manida constitución Española, impidiendo que cualquier niño o niña pueda
oponerse a su repatriación. En los casos de Ceuta, ni había una notificación de
inicio del expediente administrativo ni una resolución que pudiera recurrirse.
Algunos
chavales tuvieron que ser ellos mismos los que pidieran un “habeas corpus” para
denunciar su detención ilegal por parte de las fuerzas de seguridad, lo que
demuestra cómo todos los mecanismos de derecho se han desactivado para estos
niños y niñas arrojándoles a una indefensión absoluta y a un desamparo
institucional criminal.
El
Ministerio, como decía, se escuda en un acuerdo bilateral con Marruecos, pero
ningún acuerdo entre países puede pasar por encima de los derechos reconocidos
y ratificados por ambos países ante Naciones Unidas.
Algo tan
obvio ha tenido que ser denunciado por la entidades sociales, por el Defensor
de Pueblo o el relator especial de la ONU en Derechos Humanos, porque las
instituciones competentes, de oficio, ni mu.
Ha sido después
cuando los responsables en protección de “menores”, la fiscalía y la comunidad de Ceuta, han tenido que
levantar la voz, y decir entre el escándalo y la vergüenza que no sabían nada,
que aun siendo sujetos fundamentales en la tramitación de los expedientes de
repatriación/expulsión nadie les había puesto en conocimiento, dando por hecho
su complicidad.
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Siempre
remando, lo que fiscalía de menores puede hacer de oficio, lo tienen que pelear
con uñas y dientes las abogadas de las asociaciones y colectivos sociales.
El
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta, en funciones de
guardia, acordó el lunes paralizar la repatriación a Marruecos de un total de
nueve de menores tal y como solicitaban la Coordinadora de Barrios y la
Fundación Raíces, y la titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de Ceuta ha acordado paralizar cautelarmente durante las
próximas 72 horas las repatriaciones de menores extranjeros no acompañados
mientras solicita información del procedimiento al Ministerio del Interior y a
la Delegación del Gobierno.
Para eso
estamos, en esto no hay verano ni vacaciones.
Todo mi
reconocimiento, histórico a Nacho de la Mata, y ahora a Patuca Fernández, pico y
pala, personas que desde la humildad y el compromiso se están enfrentando en la
calle y en los juzgados a todo un aparato del Estado que de manera consciente
pasa por alto la legalidad desde el convencimiento de que cuando lleguen las
resoluciones judiciales contrarias todo esto el pescado estará vendido. Y que las
cuestiones de Estado bien valen sacrificar unos cuántos críos.
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Y si en el
terreno administrativo y judicial esto ha sido una vergüenza, en el político un
escándalo.
Hay que
ver con qué salsa se tragan este sapo las personas del Gobierno que basan parte
de su perfil político en la defensa de los niños y niñas, Ione Belarra y su
flamante Dirección General de Derechos de la infancia y adolescencia. Está por
ver si van más allá de las manifestaciones y críticas en medios afines, que
igual ayudan para marcar un perfil político molón, pero que dejan a los niños y
niñas en la estacada.
Se
debieran motivar acciones contundentes desde el Ministerio de Derechos Sociales,
cuando además la ley está indudablemente del lado de los niños y las niñas, e
ir más allá de las notas de prensa.
Hoy he
leído en twitter “Cuando usas los DDHH
como reafirmación de tu ideología o estrategia política, haces una declaración.
Cuando te interesan realmente las personas y sus derechos, actuas.”
@JLPerezCalle.
Parece que
eso de “las líneas rojas” solo afecta desde Gibraltar para arriba, y que la
política “adulta” y seria de las cuestiones de Estado no se pacta con los
ministerios florero.
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Más allá
de la pelea técnica y política, ahí están los niños y las niñas perdidas entre
los expedientes inexistentes. Que la indignación por los hechos no nos haga
perder la huella del rastro humano de las criaturas dejadas a perder por
nuestro sistema racista y adultocéntrico.
Los niños
y las niñas si están, aún vivas con sus necesidades y sus deseos. Su desamparo
es real, su frustración también, y su abandono insondable.
Mientras
que escuchábamos los dimes y diretes en twitter y en los medios de
comunicación, mientras que unos y otros querían sacar tajada política del
asunto, los niños y las niñas profundizaban en su situación de indefensión.
Unos eran
metidos en autobuses a la fuerza hacia la frontera, otros se escapaban de sus
precarios alojamientos y centros de protección -los de Ceuta tienen unas
condiciones lamentables, también denunciadas por el Defensor de Pueblo, con
oídos sordos por parte de la administración- convirtiéndose, una vez más, en
presas de la policía, huyendo de quien se supone que te debe proteger.
La
seguridad del Estado a la caza de niños y niñas que no han cometido ningún
delito, en desamparo manifiesto, que terminan encontrando más cobijo en los muelles
del puerto que en unas instituciones de protección que les venden al mejor
postor.
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Llevamos
tiempo combatiendo dialécticamente, en las urnas y en las calles, la basura que
se vierte sobre el concepto de #MENA. Cómo una construcción política, racista e
interesada ha conseguido suplantar la realidad social de un niño necesitado por
la de un delincuente amenazador.
Cómo desde
tantos sectores se critica que el sistema de protección de la infancia sirva
para acoger a los niños y niñas migrantes y cómo se pone esto en el debate
público despojándolo de su carga social y reduciéndolo un gasto, superfluo y
prescindible, incluso contrapuesto a otros servicios sociales “nacionales” como
las pensiones o los gastos defensa.
Una desnaturalización
de la realidad que cuenta con el beneplácito de los jueces, que no ven
incitación al odio en la criminalización sistemática de la infancia migrante
por parte de partidos políticos y representantes públicos.
Pues en
este contexto, no hay nada más fascista que impedir que un niño sea un “menor
extranjero no acompañado”, esto es, expulsarlo del país o expulsarlo del
sistema de protección, y exactamente esto es lo que está haciendo un Gobierno
que se presenta como progresista y garante de derechos sociales.
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No seré yo
quien defienda incondicionalmente el sistema de protección, y menos en lo relativo
a la infancia migrante.
Es un
sistema racista y adultocéntrico que encierra a chavales en estructuras
pseudocarcelarias llenas de normativas y protocolos que imposibilitan el
desarrollo de sus proyectos migrantes, y que ni siquiera garantiza su
regularización y permiso de trabajo.-Abordo este tema con más detalle en el
artículo Verano,
racismo, coronavirus y la mayoría de edad en el sistema de protección a la
infancia (julio 2020) - pero en ningún caso es defendible que la solución
sea darle a los niños con la frontera en la narices, y que tengan que elegir
entre devoluciones en caliente o devoluciones en templado (a las pocas
semanas ). O directamente que se vean sitiados en una ciudad como Ceuta en
situación de calle, con la única alternativa de jugarse la vida para continuar sus
proyectos migratorios
El Gobierno
de Ceuta justifica las expulsiones por una situación de emergencia “están desbordados” y reconocen que las
condiciones de vida que se dan en los polideportivos y en el resto de viviendas
temporales no son dignas para nadie, y menos para niños y niñas que debieran
tener protección pública, pero esto, de nuevo más que un argumento es una sinvergüenza.
Parece que
no ha pasado aún suficiente tiempo desde el 20 de noviembre de 1989 –fecha de la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional que
reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho,
que fue ratificado meses después por el Estado Español- para que las diferentes
instituciones y representantes políticos sean conscientes de que los derechos
de las infancias no se pueden coger o desechar a la carta.
Da igual
que haya “efecto llamada”, da igual que el sistema de protección sea caro e
ineficiente, proteger a las personas menores de edad es una obligación, no una
opción.
Por lo que
cuando el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas pide que “no se pierda de vista que la situación de la ciudad es una absoluta
emergencia” está reconociendo una negligencia porque no está cuidado y
protegiendo a los niños y niñas como debiera.
Y por
parte de Estado, no hay otra solución que el traslado de los chavales a la
península, de manera que se “repartan” los chicos y chicas entre las diferentes
comunidades para que los sistemas de protección se pongan al servicio de esta “emergencia”.
Cualquier
otra opción es ilegal e inhumana.
****
En 2004 estuve por Ceuta. La
realidad de los chavales en los muelles era desoladora.
Un grupo de mujeres,
pertenecientes a entidades apoyo y solidaridad con las personas migrantes, los
visitaban asiduamente, les llevaban comida y ropa, y charlaban con ellos.
Éstos chicos podían estar meses,
años, en situación de absoluto abandono y desamparo, huyendo de la policía,
fugados de unos centros hartos de soportar hacinados la espera interminable de
un traslado a la península mientras que les ponían partes y castigos.
Y en la calle, abusos, pegamento,
hambre y violencia, y en constante jaque de jugarse la vida para cruzar el
estrecho e intentar llegara a la península…
Han pasado 17 años de esto y
seguimos en las mismas.
Después de la última crisis con
Marruecos (mayo 2021), y antes del comienzo de las expulsiones, Unicef estimaba
que entre 300 y 500 niños y niñas están perdidos en Ceuta en situación de
calle.
Y a más represión más calle, los
chavales no se van a quedar esperando para ponerle buena cara al ministro Grande
Marlaska, como nos relata en sus
crónicas Nico Castellano de la cadena ser. En su mayoría no quieren volver
a Marruecos, y si el ya de por sí precario sistema de protección se convierte
en una trampa que facilita que sean cazados, obviamente se van a fugar.
Las instituciones de cuidado, cuando se ponen al servicio de las políticas represivas, dejan de ser efectivas para
la protección y el amparo y terminan sirviendo justo para lo contrario. No hay mayor
perversión del sistema.
****
No nos quedaremos calladas, que
este nuevo episodio deje huella, rastro del deterioro de una sociedad que
pierde niños y con ello echa a perder su dimensión democrática.
No será el último, pero es
importante que quede en el relato, la huella de todo el sufrimiento infantil en
muelles y fronteras, las muertes en el mar, la huella de las familias rotas, la
huella del abandono administrativo, la huella del maltrato en los centros.
Huellas que hay que seguir para
salir al encuentro de los niños y niñas perdidas.
No nos queda otra que estar
vigilantes antes de poder fusionarnos en el abrazo solidario que tanto se
merece esta chavalería valiente y sufriente.
Lo necesitamos, aún estamos en
duelo por lo que aconteció en el Tarajal, no olvidamos.
El semblante no es amable, pero sabemos
cuál es nuestro sitio, no hay lugar para la complacencia ni para las medias tintas,
habitamos una sociedad criminal y hay que denunciarlo con todas nuestras
energías.
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