Ceuta, la ciudad de los niños perdidos.

 

14 Kilometros en los que ahogan personas y derechos.

Sirva este texto para marcar huella, para ser testigo efímero de un nuevo episodio en la vulneración de los derechos de la infancia por las políticas racistas y colonialistas del Gobierno Español. Habrá más, y seguiremos enfrente.

La huella firme que deja el maltrato institucional, la huella profunda de la sinvergonzonería política, la huella de la resistencia, y sobre todo la huella del sufrimiento y del malestar de un montón de niños y niñas que, de nuevo, son instrumentalizados por intereses ajenos aumentando sus currículums de desamparo y violencia.

Los veranos de campo y playa, cuando se supone que la opinión pública está con la atención puesta en cosas frívolas e intrascendentes, son aprovechados por el poder para acometer acciones de dudosa legalidad con el afán de que el descanso estival y el frenesí del disfrute puedan modular la indignación y ayudar a pasar página. Más este año, que después de lo que llevamos pueda parecer que no queda cacho para amargarse por el dolor ajeno.

Pero el dolor de la infancia nunca es dolor ajeno y como dice Javier de Lucas en su artículo de infolibre. “Los derechos de los niños, su garantía eficaz, son más que una cuestión de Estado: marcan la línea entre civilización y barbarie”

Y menos mal que lo tienen muy claro las entidades y asociaciones de apoyo y solidaridad con la infancia migrante que, con una asombrosa celeridad y diligencia, han puesto en jaque a todas las instituciones y, al menos, han robado algo de tiempo para poder impedir este atropello.

Noticias y artículos de prensa contando y analizando unos hechos que escandalizan a las que tenemos algún conocimiento en protección de “menores” y a todas las personas con sensibilidad hacia las infancias y su sufrimiento.

Queda mucho trabajo por hacer, y aunque esta vez la ley esté de nuestro lado, sabemos que en extranjería nunca se pueden lanzar las campanas al vuelo.

Lo que ya se ha conseguido es obligar a que las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de los niños y la niñas no se pongan de perfil y tengan que manifestar su estupefacción cuando desde el Ministerio de Interior se promueve una actuación de evidente ilegalidad que les pasa por encima. Con el foco puesto será más difícil el disimulo y la connivencia con medidas que no solamente tienen como consecuencia la violencia y el maltrato institucional a una infancia ya violentada, sino que también suponen una amenaza sin precedentes al ordenamiento jurídico del que forman parte sustancial.

****

Recapitulando un poco, por si alguna persona le pilla fuera de onda, este nuevo capítulo de violencia institucional hacia la infancia comenzó cuando desde el Ministerio de Interior, en base a un acuerdo con Marruecos, se instó a devolver/expulsar/repatriar a los niños y niñas (unos 800) que habían entrado en Ceuta en la última crisis migratoria, crisis originada porque Marruecos relajó un poco su represión en la frontera, como llamada de atención para que el Gobierno de España afinara su política en base a los intereses comunes sin despistarse por otras cuestiones de índole europea. Los niños y niñas de nuevo como peones en el juego geoestratégico siempre definido por los intereses económicos antes que de por cuestiones humanitarias.

Pero las expulsiones colectivas están prohibidas por la ley de extranjería (y no es que tengamos una ley de extranjería muy amable, que digamos), la prohibición se deriva tanto de la Convención de Derechos de la Infancia como de la Constitución Española, que obliga a que en cualquier procedimiento con personas menores de edad se garantice el “bien superior del menor” además de una tutela judicial efectiva de sus derechos. Así queda recogido también además en las Leyes Orgánicas 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y la flamante 8/2021 de Protección Integral a la Infancia, de la que tanto presume este Gobierno.

Esto es, no se puede actuar sin evaluar cuales van a ser las consecuencias para el niño o la niña. No se puede actuar si no se puede garantizar el bienestar futuro, y tampoco sin escuchar a la persona menor de edad, o a sus representantes, para que, si así lo valoran, puedan oponerse al procedimiento de repatriación.

Y en cualquier caso, guste o no, si hay desamparo aquí o en el país de origen, la administración pública está obligada a asumir la tutela para garantizar el cuidado y los derechos. Es la situación del niño, la niña o la adolescente la que obliga a la protección, nunca la arbitrariedad de las administraciones.

Como es obvio, todo es esto es imposible de evaluarlo de manera colectiva, en grupo, en pack, como si de un lote industrial se tratara.

Se precisa un estudio individualizado y pormenorizado de cada persona, un expediente administrativo que exige un informe de fiscalía, un informe del país de origen y un procedimiento específico para cada niño o niña por parte del órgano competente en protección de menores de cada comunidad autónoma.

Y se precisa del trámite de audiencia a la persona menor de edad, con asistencia de un abogado/a o el nombramiento de un defensor judicial, especialmente importante en los casos de repatriación en los que hay conflicto de tutela, máxime cuando no es evidente que se pueda asegurar el bienestar y la seguridad en el país de origen.

****

Pues en el caso de caso de Ceuta, ni fiscalía de menores, ni el servicio autonómico de protección de menores, sabían nada.

No ha sido, como quieren hacen creer, un problema del procedimiento, directamente es que han pasado de él, no se ha cumplido ninguno de los pasos que marca ley Orgánica 4/2000 de extranjería y que fueron subrayados por mandato de Tribunal Constitucional en 2008 en la sentencia 183, gracias al recurso de amparo de Nacho de la Mata, en que se denunciaba la vulneración del derecho de la tutela judicial efectiva en otros procedimientos irregulares de expulsión, entonces bajo el gobierno de Zapatero.

El Ministerio de Interior, y por tanto el Gobierno de España, se salta el artículo 24 de la manida constitución Española, impidiendo que cualquier niño o niña pueda oponerse a su repatriación. En los casos de Ceuta, ni había una notificación de inicio del expediente administrativo ni una resolución que pudiera recurrirse.

Algunos chavales tuvieron que ser ellos mismos los que pidieran un “habeas corpus” para denunciar su detención ilegal por parte de las fuerzas de seguridad, lo que demuestra cómo todos los mecanismos de derecho se han desactivado para estos niños y niñas arrojándoles a una indefensión absoluta y a un desamparo institucional criminal.

El Ministerio, como decía, se escuda en un acuerdo bilateral con Marruecos, pero ningún acuerdo entre países puede pasar por encima de los derechos reconocidos y ratificados por ambos países ante Naciones Unidas.

Algo tan obvio ha tenido que ser denunciado por la entidades sociales, por el Defensor de Pueblo o el relator especial de la ONU en Derechos Humanos, porque las instituciones competentes, de oficio, ni mu.

Ha sido después cuando los responsables en protección de “menores”, la fiscalía y la comunidad de Ceuta, han tenido que levantar la voz, y decir entre el escándalo y la vergüenza que no sabían nada, que aun siendo sujetos fundamentales en la tramitación de los expedientes de repatriación/expulsión nadie les había puesto en conocimiento, dando por hecho su complicidad.

****

Siempre remando, lo que fiscalía de menores puede hacer de oficio, lo tienen que pelear con uñas y dientes las abogadas de las asociaciones y colectivos sociales.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta, en funciones de guardia, acordó el lunes paralizar la repatriación a Marruecos de un total de nueve de menores tal y como solicitaban la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces, y la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha acordado paralizar cautelarmente durante las próximas 72 horas las repatriaciones de menores extranjeros no acompañados mientras solicita información del procedimiento al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno.

Para eso estamos, en esto no hay verano ni vacaciones.

Todo mi reconocimiento, histórico a Nacho de la Mata, y ahora a Patuca Fernández, pico y pala, personas que desde la humildad y el compromiso se están enfrentando en la calle y en los juzgados a todo un aparato del Estado que de manera consciente pasa por alto la legalidad desde el convencimiento de que cuando lleguen las resoluciones judiciales contrarias todo esto el pescado estará vendido. Y que las cuestiones de Estado bien valen sacrificar unos cuántos críos.

****

Y si en el terreno administrativo y judicial esto ha sido una vergüenza, en el político un escándalo.

Hay que ver con qué salsa se tragan este sapo las personas del Gobierno que basan parte de su perfil político en la defensa de los niños y niñas, Ione Belarra y su flamante Dirección General de Derechos de la infancia y adolescencia. Está por ver si van más allá de las manifestaciones y críticas en medios afines, que igual ayudan para marcar un perfil político molón, pero que dejan a los niños y niñas en la estacada.

Se debieran motivar acciones contundentes desde el Ministerio de Derechos Sociales, cuando además la ley está indudablemente del lado de los niños y las niñas, e ir más allá de las notas de prensa.

Hoy he leído en twitter “Cuando usas los DDHH como reafirmación de tu ideología o estrategia política, haces una declaración. Cuando te interesan realmente las personas y sus derechos, actuas.” @JLPerezCalle.

Parece que eso de “las líneas rojas” solo afecta desde Gibraltar para arriba, y que la política “adulta” y seria de las cuestiones de Estado no se pacta con los ministerios florero.

****

Más allá de la pelea técnica y política, ahí están los niños y las niñas perdidas entre los expedientes inexistentes. Que la indignación por los hechos no nos haga perder la huella del rastro humano de las criaturas dejadas a perder por nuestro sistema racista y adultocéntrico.

Los niños y las niñas si están, aún vivas con sus necesidades y sus deseos. Su desamparo es real, su frustración también, y su abandono insondable.

Mientras que escuchábamos los dimes y diretes en twitter y en los medios de comunicación, mientras que unos y otros querían sacar tajada política del asunto, los niños y las niñas profundizaban en su situación de indefensión.

Unos eran metidos en autobuses a la fuerza hacia la frontera, otros se escapaban de sus precarios alojamientos y centros de protección -los de Ceuta tienen unas condiciones lamentables, también denunciadas por el Defensor de Pueblo, con oídos sordos por parte de la administración- convirtiéndose, una vez más, en presas de la policía, huyendo de quien se supone que te debe proteger.

La seguridad del Estado a la caza de niños y niñas que no han cometido ningún delito, en desamparo manifiesto, que terminan encontrando más cobijo en los muelles del puerto que en unas instituciones de protección que les venden al mejor postor.

****

Llevamos tiempo combatiendo dialécticamente, en las urnas y en las calles, la basura que se vierte sobre el concepto de #MENA. Cómo una construcción política, racista e interesada ha conseguido suplantar la realidad social de un niño necesitado por la de un delincuente amenazador.

Cómo desde tantos sectores se critica que el sistema de protección de la infancia sirva para acoger a los niños y niñas migrantes y cómo se pone esto en el debate público despojándolo de su carga social y reduciéndolo un gasto, superfluo y prescindible, incluso contrapuesto a otros servicios sociales “nacionales” como las pensiones o los gastos defensa.

Una desnaturalización de la realidad que cuenta con el beneplácito de los jueces, que no ven incitación al odio en la criminalización sistemática de la infancia migrante por parte de partidos políticos y representantes públicos.

Pues en este contexto, no hay nada más fascista que impedir que un niño sea un “menor extranjero no acompañado”, esto es, expulsarlo del país o expulsarlo del sistema de protección, y exactamente esto es lo que está haciendo un Gobierno que se presenta como progresista y garante de derechos sociales.

****

No seré yo quien defienda incondicionalmente el sistema de protección, y menos en lo relativo a la infancia migrante.

Es un sistema racista y adultocéntrico que encierra a chavales en estructuras pseudocarcelarias llenas de normativas y protocolos que imposibilitan el desarrollo de sus proyectos migrantes, y que ni siquiera garantiza su regularización y permiso de trabajo.-Abordo este tema con más detalle en el artículo Verano, racismo, coronavirus y la mayoría de edad en el sistema de protección a la infancia (julio 2020) - pero en ningún caso es defendible que la solución sea darle a los niños con la frontera en la narices, y que tengan que elegir entre devoluciones en caliente o devoluciones en templado (a las pocas semanas ). O directamente que se vean sitiados en una ciudad como Ceuta en situación de calle, con la única alternativa de jugarse la vida para continuar sus proyectos migratorios

El Gobierno de Ceuta justifica las expulsiones por una situación de emergencia “están desbordados” y reconocen que las condiciones de vida que se dan en los polideportivos y en el resto de viviendas temporales no son dignas para nadie, y menos para niños y niñas que debieran tener protección pública, pero esto, de nuevo más que un argumento es una sinvergüenza.

Parece que no ha pasado aún suficiente tiempo desde el 20 de noviembre de 1989 –fecha de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, que fue ratificado meses después por el Estado Español- para que las diferentes instituciones y representantes políticos sean conscientes de que los derechos de las infancias no se pueden coger o desechar a la carta.

Da igual que haya “efecto llamada”, da igual que el sistema de protección sea caro e ineficiente, proteger a las personas menores de edad es una obligación, no una opción.

Por lo que cuando el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas pide que “no se pierda de vista que la situación de la ciudad es una absoluta emergencia” está reconociendo una negligencia porque no está cuidado y protegiendo a los niños y niñas como debiera.

Y por parte de Estado, no hay otra solución que el traslado de los chavales a la península, de manera que se “repartan” los chicos y chicas entre las diferentes comunidades para que los sistemas de protección se pongan al servicio de esta “emergencia”.

Cualquier otra opción es ilegal e inhumana.

****

En 2004 estuve por Ceuta. La realidad de los chavales en los muelles era desoladora.

Un grupo de mujeres, pertenecientes a entidades apoyo y solidaridad con las personas migrantes, los visitaban asiduamente, les llevaban comida y ropa, y charlaban con ellos.

Éstos chicos podían estar meses, años, en situación de absoluto abandono y desamparo, huyendo de la policía, fugados de unos centros hartos de soportar hacinados la espera interminable de un traslado a la península mientras que les ponían partes y castigos.

Y en la calle, abusos, pegamento, hambre y violencia, y en constante jaque de jugarse la vida para cruzar el estrecho e intentar llegara a la península…

Han pasado 17 años de esto y seguimos en las mismas.

Después de la última crisis con Marruecos (mayo 2021), y antes del comienzo de las expulsiones, Unicef estimaba que entre 300 y 500 niños y niñas están perdidos en Ceuta en situación de calle.

Y a más represión más calle, los chavales no se van a quedar esperando para ponerle buena cara al ministro Grande Marlaska, como nos relata en sus crónicas Nico Castellano de la cadena ser. En su mayoría no quieren volver a Marruecos, y si el ya de por sí precario sistema de protección se convierte en una trampa que facilita que sean cazados, obviamente se van a fugar.

Las instituciones de cuidado, cuando se ponen al servicio de las políticas represivas, dejan de ser efectivas para la protección y el amparo y terminan sirviendo justo para lo contrario. No hay mayor perversión del sistema.

****

No nos quedaremos calladas, que este nuevo episodio deje huella, rastro del deterioro de una sociedad que pierde niños y con ello echa a perder su dimensión democrática.

No será el último, pero es importante que quede en el relato, la huella de todo el sufrimiento infantil en muelles y fronteras, las muertes en el mar, la huella de las familias rotas, la huella del abandono administrativo, la huella del maltrato en los centros.

Huellas que hay que seguir para salir al encuentro de los niños y niñas perdidas.

No nos queda otra que estar vigilantes antes de poder fusionarnos en el abrazo solidario que tanto se merece esta chavalería valiente y sufriente.

Lo necesitamos, aún estamos en duelo por lo que aconteció en el Tarajal, no olvidamos.

El semblante no es amable, pero sabemos cuál es nuestro sitio, no hay lugar para la complacencia ni para las medias tintas, habitamos una sociedad criminal y hay que denunciarlo con todas nuestras energías.