No hay consuelo sin techo: el precio de la vivienda y la muerte del trabajo social.

 

Eslogan del movimiento "V de vivienda", allá por 2007.

Si tenemos un trabajo social limitado a la lógica del empleo, cuando tener un salario no garantiza el acceso a los bienes básicos, ni siquiera a la vivienda, mucho del trabajo social pierde su sentido.

 

El mercado laboral como límite del trabajo social.

Tenemos un modelo de trabajo social caduco que es heredero del marco definido hace más de 50 años por “Estado del bienestar” (welfare state) y que, pese a los profundos y estructurales cambios sociales, sigue siendo predominante en la intervención social, tanto desde la institución pública como desde los agentes privados del famoso “tercer sector”.

El estado de bienestar reconoce y afianza el papel central de la economía productiva como elemento organizador del sistema y asume la jerarquía del mercado laboral y del empleo en la regulación de las relaciones sociales, y también a la hora definir los mecanismos de distribución de la riqueza. Es el “mundo del trabajo asalariado” lo que va a garantizar la supervivencia de los ciudadanos y ciudadanas en base a los salarios que se puedan recibir y, subsidiariamente, las prestaciones a las que se pueda optar como derecho adquirido por participar en el mismo.

Este sistema, normalizado y naturalizado en las sociedades enriquecidas de occidente, tiene cada vez más de quimera, pero seguimos absolutamente condicionados a pensar dentro de sus lógicas, pese a que el drama social nos acorrale.

Los buenos momentos del estado del bienestar venían asociados a los procesos de desarrollismo y de acumulación de capital en los que había una demanda creciente de trabajadores y trabajadoras, de manera que las sociedades podían dialogar en términos de realidad con la fantasía del “pleno empleo”: no parecía muy lejana la posibilidad de que todos (y con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, paulatinamente todas) tuvieran una participación significativa en el mundo del empleo de manera que no pareciera que hubiera ningún problema por condicionar los derechos sociales a dicha participación.

Se hizo la trampa (aceptada sin rechistar desde la izquierda clásica) de trasladar a un sistema regulado por la oferta y la demanda – y manipulado por los intereses particulares de las empresas con el beneplácito del Estado- la concreción de los derechos sociales y de los mecanismos de supervivencia. Los derechos fundamentales quedaron recogidos de una manera exclusivamente formal y testimonial en las constituciones y otros marcos legales generales, pero el poder político vendió su capacidad práctica y concreta de mejorar las condiciones de vida de la en ciudadanía por una cuota de participación en los oligopolios, al menos de sus dirigentes más destacados -este proceso es transparente en el caso particular del derecho a la vivienda y en la complicidad del poder político con las promotoras e inmobiliarias que se han venido enriqueciendo de manera obscena con la necesidad de techo de las personas-.

En este contexto, los servicios sociales dejaron de mirar a las necesidades de la gente -presumiendo de que habían superado el “asistencialismo”- para asumir, de manera subsidiaria al mercado laboral, que su función principal era “insertar laboralmente” a aquellos que, por las circunstancias que fuera, no tenían empleo.

Es el momento de los múltiples programas para el aumento de la empleabilidad, de los programas formación laboral, de los “planes especiales de empleo”, del diseño de infinidad de proyectos –la mayoría financiados por fondos europeos, en consonancia con las directrices marcadas desde Maastricht por la Europa del capital- que se enfocaban a los perfiles de baja ocupación o baja empleabilidad (paradas de más de 45 años, jóvenes sin formación, “mujeres”, etc.) desde un doble convencimiento: por un lado, no hay vía para cubrir las necesidades básicas que sea diferente a “encontrar trabajo” y por otro, el convencimiento de que “si se encontraba trabajo y se era capaz de mantenerlo todo estaba solucionado”.

El éxito del estado de bienestar fue poco más que relativo, durante los cuatro ratos que la productividad pulsaba fuerte y el mercado podía ser generoso en las prestaciones y contraprestaciones -además se necesitaba disminuir la conflictividad laboral de ciertos sectores que aún tenían muy a mano las herramientas clásicas de las luchas obreras y que podían montar inconvenientes huelgas con mucha facilidad- la cosa parecía plausible.

Pero una vez que la lucha obrera quedó desarticulada -entre otras cosas, por los sindicatos afines a la patronal que validaron el esquema del “estado del bienestar” a cambio de que su supervivencia estuviera garantizada con el valor añadido de obtener una financiación pública a los sus crecientes aparatos burocráticos-, y se vio claro que “no había trabajo para todos” porque los mecanismos especulativos del capital eran más rentables que los productivos, la promesa de una cohesión social como producto de la acción de los servicios públicos, se disolvió como un azucarillo. La propuesta social del estado de bienestar empezó a no ser rentable ni tampoco necesaria para mantener el orden social y la consigna del pleno empleo sólo quedó para los políticos que querían ganar elecciones vendiendo humo.

Aún con eso, pese al número crecientes de personas que no encontraban trabajo y no lo iban a encontrar nunca, y pese a que la participación en el mercado laboral era tan residual que las prestaciones por desempleo y muchas de las pensiones no permitían llegar a fin de mes, la forma de pensar las alternativas y de diseñar los programas de trabajo social no se transformó.

Los partidos y sindicatos de izquierda seguían –y siguen- atrapados en la lógica del empleo y en las dinámicas de negociación/conquistas de derechos laborales (cada vez menos universales y cada vez menos garantistas de una vida digna) y, lo que aún es más grave, los servicios sociales y el tercer sector, pese al derrumbe del sistema de protección social ante sus ojos, seguían –y siguen- dale que dale con la monserga de la integración laboral como sinónimo de la integración social e inclusión.

Se tatuó, en todas las facultades de trabajo y educación social y en todas las ONGs subvencionadas, la máxima de “no demos peces, enseñemos a pescar” para justificar programas y más programas de formación hacia un mercado centrífugo cada vez más excluyente, negándose además, por si faltaba poco, la experiencia cotidiana de la relación de muchos profesionales con la marginación social, el impacto de la realidad de los grupos dañados por, por ejemplo, la heroína y las cárceles, o lo que se observaba en los barrios obreros con los hijos e hijas de la restructuración industrial de los noventa, que crecían ahora abandonados sin recursos ni expectativas.

El mercado ha ido evolucionando -dejando muchas vidas rotas por el camino- hasta haber conseguido emanciparse totalmente de la responsabilidad de cubrir de las necesidades de las personas, convirtiendo a los trabajadores y trabajadoras casi en clientas de sus servicios. Y desde el trabajo social, ya sea por su miopía o por la falta de recursos y alternativas, en vez de denunciar la traición, se seguía erre que erre con los programas de promoción personal, fieles a la consigna de “el empleo es lo único que garantiza la satisfacción de las necesidades y la supervivencia”, e incluso intensificado la propuesta ya que “cada vez hay menos empleo, por lo que cada vez hay que estar más preparados, más competitivos”.

El trabajo social al que hemos llegado es el que ha hecho suya la máxima neoliberal de “a cada cual en función de sus méritos y de sus capacidades de aprovechar las oportunidades”, y se olvida tanto de los derechos como de los vínculos y los cuidados. Un trabajo social que sólo es efectivo como agencia externalizada de “recursos humanos” para aportar mano de obra barata a la explotación del sistema capitalista. Incluso este modelo, reducido y servil, ha saltado por los aires en los últimos años con el aumento del precio de la vivienda.

El informe FOESSA de Cáritas de 2022, al analizar el modelo social que nos ha quedado en el país después de la pandemia, habla de “trabajadores pobres”, esto es, de personas, también de parejas y familias, que pese a tener empleo no podían pagar el coste de la vida. El precio de la vivienda junto con el aumento del precio de los alimentos hacen inviables los proyectos vitales pese a tener trabajo.

¿Qué sentido tiene entonces un trabajo social que tenga como objetivo la inserción en el mercado laboral? Ninguno, es pura nostalgia de otros tiempos.

El precio de la vivienda, un nuevo límite aún más infranqueable.

Las profesionales que trabajamos con las expectativas de las personas empobrecidas acompañando las situaciones marginación y vulneración de derechos, vemos cómo está siendo mucho más difícil encontrar alternativas habitacionales viables y dignas que ofertas de empleo, o lo que es lo mismo, cómo hombres y mujeres están rechazando oportunidades laborales porque el salario no es suficiente para sufragar los gastos de desplazamiento al puesto de trabajo y compensar otros gastos asociados. Aceptar el empleo puede suponer un nivel de empobrecimiento mayor que no aceptarlo, sobre todo si han de cambiar de ciudad y por tanto de domicilio.

Estamos en un momento en el que el mercado laboral, después de varias reformas orientadas hacia los supuestos intereses de la clase trabajadora, está más aseado que nunca -con buenos números en nuevos contratos, en empleos indefinidos, en la tasa de desempleo, etc.- y a la gente cada día le cuesta más llegar a fin de mes y ve aniquilada cualquier posibilidad de ahorrar. Más pobreza y más exclusión social que cuando no había curro.

En los proyectos de trabajo social la demanda principal ya no es “necesito un trabajo”, sino “necesito un lugar donde poder vivir”, y si bien, como decía antes, atender la demanda de un empleo siempre ha sido complicado -aunque también, para ser justos, se ha de reconocer que se ha hecho alguna cosa chula, como los proyectos de autoempleo, la iniciativas de economía social o empresas de inserción-, la demanda de vivienda nos deja sin palabras, sin respuestas, sin capacidad de consuelo.

Incluso los proyectos críticos y antagonistas, que ya venían desde hace tiempo remando en contra de lo establecido y centraban su trabajo social en los cuidados, en el acompañamiento cercano y en fortalecer los vínculos personales y comunitarios, se quedan paralizados porque la falta de vivienda es un agujero negro que chupa toda la energía, tanto de las personas afectadas como de los y las profesionales, un pozo sin fondo imposible de llenar y que es la piedra angular desde la que construir el resto de apoyos. Si no está todo se desmorona y lo único que se puede hacer es acompañar la impotencia y la frustración, y minimizar los daños, que no es poco, pero dista mucho de ser suficiente.

Ni por la vía de las ayudas o prestaciones sociales se puede llegar a las cantidades monetarias necesarias para poder pagar un alquiler digno –la cantidad del ingreso mínimo vital va vinculada a la de las pensiones no contributivas, y ésta a su vez, al salario medio y al IPC, pero no, por ejemplo, al índice de precios de referencia del alquiler, o al alquiler medio, o a otro valor que recoja las subidas específicas de mercado inmobiliario-, ni las organizaciones sociales tenemos capital político y social acumulado para promover de manera directa posibilidades habitacionales (montar empresas sociales ya era complicado, pero construir y gestionar cooperativas de viviendas sociales de manera autogestionada, casi imposible).

En el contexto actual, si las entidades que hacen trabajo social no son capaces de diseñar y acompañar itinerarios viables de acceso a la vivienda, empiezan a carecer de sentido.

Como consecuencia, el trabajo social será un trabajo social muerto, fantasma, a no ser que tome cuerpo al poner todos sus recursos, sus saberes y todas sus capacidades en incidir en los mecanismos de regulación y organización del “mercado inmobiliario”, recuperando su protagonismo al servicio de las necesidades de vivienda de todas las personas. La necesidad del trabajo social más político, alejado de las burocracias y de las oficinas de gestión de una pobreza que está pasando de ser crónica a ser letal.

Son muchos los años que llevamos dialogando en los movimientos sociales respecto al drama de la vivienda. Desde los análisis certeros y potentes del movimiento de la okupación, que ya hace mucho alertaba de las consecuencias sociales de las dinámicas de especulación que se estaban dando en todas las ciudades, a los dramas de los desahucios, que se multiplicaron por 1000 es la crisis inmobiliaria del 2008. La cosa es ya tan grave que el precio de la vivienda es un tema mainstream presente en los medios de comunicación y en las propuestas de la política institucional, pero, en general, las medidas y reformas que se plantean son muy superficiales y, en cualquier caso, poco van a beneficiar a las personas empobrecidas o en situación de exclusión social.

En los casos en que se plantean propuestas sociales de acceso a la misma, se piensa en familias con empleo de 2 o más miembros, o en jóvenes que se supone que van a ir aumentado progresivamente su capacidad adquisitiva, y por tanto, de manera directa o indirecta, vinculando, de nuevo, el tema de la vivienda al mundo del empleo. Son propuestas pensadas desde un imaginario de “clase media” para personas que, bien por tener acceso a recursos familiares (padres o madres que pueden pagar una entrada o una reforma) o bien por representar un sujeto social “empleable”, con formación, van a poder acceder a la vivienda en su formato clásico. Como si las dificultades actuales fueran coyunturales y no un hecho estructural consolidado.

Se sigue intentando compatibilizar la vivienda como negocio con la buena intención de la vivienda como derecho, y mientras que se da este tira y afloja, que sirve poco más que para fijar posiciones políticas, cada vez “más gente sin casa, más casas sin gente” y más negocio especulativo con la vivienda.

Históricamente, al menos en los últimos 50 años en España, se había dado una cierta compensación entre el mercado de alquiler y el mercado de compra-venta de vivienda, de manera que cuando bajaban los tipos de interés de las hipotecas y se quería incentivar la compra (y por tanto también a las empresas de construcción y promoción de vivienda nueva) subía el precio de los alquileres. Por lo contrario, cuando se enfriaba el mercado de compra venta porque había menos poder adquisitivo de las familias, o no se daban tantos préstamos, se dinamizaba el mercado de alquiler para dar respuesta a la demanda social.

Actualmente este equilibrio -en cualquier caso un equilibrio para las clases medias, porque a las personas empobrecidas solo les ha quedado aprender a sobrevivir con las migajas de este juego- está hecho trizas.

Cuando a la dinámica especulativa de una clase social de propietarios –junto a los grandes propietarios y fondos buitre- de vender viviendas cada vez más caras (aunque para ello tengan que tenerlas vacías esperando el momento oportuno), se le suma la especulación de los alquileres turísticos, queriéndose enriquecer, mucho, poniendo las viviendas al servicio de las vacaciones de las clases privilegiadas -que cada vez son más pobres, pero que cada vez viajan más-, no queda ya ningún lugar para hablar de la vivienda en términos de derechos. Hasta médicas y profesoras, con sueldos decentes, están rechazando empleos en zonas muy turísticas porque no encuentran dónde vivir.

La situación está tan deteriorada que ya ni siquiera se trata de defender el derecho frente al negocio, sino de dialogar sobre el hecho social de que muchas personas, cada vez más, nunca van a poder acceder a una vivienda en los términos convencionales, y qué hacemos con ello.

Y por parte del trabajo social, si tiene algo que decir al respecto, que lo diga, y si no que deje paso y permita que se abra el debate de si los recursos que se destinan a financiar programas ineficaces y estructuras burocráticas estarían mejor destinados como recursos directos para las familias, a fin de reforzar su posición frente a un mercado de la vivienda inhumano e hipercapitalista.

El marco generalizado de explotación laboral que sirvió para el desarrollo del capitalismo industrial ha mutado en un marco de “explotación habitacional”, de las viviendas, en un afán desmesurado de lucro, y directamente de las personas empobrecidas que ven explotadas sus vidas por las necesidades de vivienda. Y esta explotación habitacional no lleva a ningún tipo de desarrollo, sólo al sufrimiento de la mayoría y al enriquecimiento de la mala gente, y por eso es tan doloroso ver cómo el poder político traiciona su función de servicio público y se regala a unos pocos.

Las personas empobrecidas pueden llegar a trabajar solo para tener un lugar donde estar (como es el caso de “las empleadas domésticas”, que son cada vez más y viven un régimen de semi-esclavitud, para las que el hecho de compartir techo con sus empleadores se concreta en cobrar una parte de su salario “en especie”) o aceptar realizar determinadas actividades laborales que llevan asociadas el vivir en infraviviendas o en asentamientos colectivos (como es el caso de los trabajos agrícolas en los invernaderos de Almería, o de la recogida de fresas de Huelva). En cada vez más casos la explotación laboral se fusiona con la explotación habitacional y no hay manera de romper el círculo. La vulneración de derechos es completa y sufrimiento también.

Por no hablar también de las situaciones de convivencia forzada que se dan por no tener posibilidades de vivienda. Si en las clases populares se concretan en compartir piso cuando igual ya no se quiere, o en pensarse dos veces una ruptura de pareja por no poder sostener por separado dos casas, en los casos de personas muy precarias esa convivencia puede llevar a vivir en dinámicas de violencia y de abuso, con una fuerte realidad de violencia de género, de las que cada vez se hace más complicado salir.

Todas las personas que nos dedicamos “a lo social” llevamos mucho tiempo ya siendo testigos silenciosas de estos dramas. Creo que ya ha llegado el momento de no pensar la “falta de vivienda” como un agravante en una situación de vulnerabilidad o de vulneración de derechos y ponerla en el centro de cualquier “intervención social”, organizando el resto de acciones alrededor de ello.

Y mientras buscamos cómo hacer y encontramos vías válidas para transitar colectivamente esta nueva situación, renta básica y apoyo social e incuestionable a la okupación como respuestas de emergencia a este drama social cada vez más extendido.

No hay consuelo sin techo ni trabajo social sin derecho garantizado a vivienda.